El canal de Gerardo Fernández Noroña en YouTube suma alrededor de ocho mil suscriptores y más de tres mil 500 videos publicados. Su actividad principal son transmisiones vespertinas en vivo, donde comenta coyuntura política y, de paso, habilita el sistema de donaciones conocido como Súper Chat. Ahí los seguidores aportan montos variables, desde cien hasta quinientos pesos, que se exhiben en colores llamativos durante la transmisión.
De acuerdo con el propio legislador, sus ingresos mensuales en la plataforma ascienden a 188 mil pesos, cifra que utilizó para justificar la compra de una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán. La declaración fue retomada por organizaciones civiles que señalan inconsistencias: cálculos técnicos indican que para obtener esa cantidad se necesitarían más de seis millones de vistas al mes, mientras que sus videos más recientes suman apenas 492 mil reproducciones.
El contraste entre lo declarado y lo que reflejan las métricas públicas abre un debate sobre la transparencia en el ejercicio de recursos por parte de un senador en funciones. Según el reglamento del Senado, los legisladores no pueden aceptar dádivas ni compensaciones fuera de su salario. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 52 tipifica como falta grave el aceptar beneficios adicionales, incluidas donaciones.
Las normas de YouTube establecen límites claros: ninguna donación puede ser menor a cinco dólares ni superar los 500 al día o los dos mil a la semana por usuario. El creador recibe la mayor parte, pero la plataforma retiene una comisión. Durante una emisión reciente, el senador agradeció haber recibido mil 400 dólares en una sola jornada, cifra que vuelve a colocar la lupa sobre la procedencia de los fondos y el marco legal que regula a los servidores públicos.
Los críticos señalan otro punto delicado: parte de las aportaciones provienen de perfiles anónimos, en ocasiones en dólares, pesos argentinos o incluso con nombres en caracteres chinos. Este factor aumenta la opacidad, pues impide identificar a los donantes y genera dudas sobre su influencia en un funcionario con poder de decisión legislativa.
En paralelo, especialistas advierten que durante sus precampañas y campañas de 2023 y 2024 Noroña también mantuvo el esquema de recaudación por Súper Chats. Según la Ley Electoral, esos recursos debieron reportarse como ingresos de campaña, algo que no ocurrió. De confirmarse, se trataría de un posible fraude a la verdad legal con implicaciones administrativas y penales.
El propio senador ha defendido su postura con un argumento reiterado: “Lo que yo haga con mi dinero es mi derecho”. Sin embargo, para los observadores el problema no es su derecho a monetizar contenidos, sino el uso de su investidura como fuente de atracción de recursos y la posible contradicción con el marco ético que debería regir al Congreso.
