En medio de la tormenta política que sacude al Ayuntamiento de San Pedro Cholula por presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrado el síndico Iván Cuautle Minutti, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, hizo un llamado contundente: cuando hay indicios de irregularidades en el servicio público, no hay espacio para la conciliación, sino para la legalidad.
Así lo dijo sin titubeos el mandatario, quien advirtió que ningún funcionario puede ser encubierto si se aparta de los principios del derecho, y apuntó que el silencio institucional o la falta de acción pueden convertirse en complicidad, frente a las denuncias por posibles actos de corrupción.
“La conciliación o negociación tiene un límite, y quién violente la ley que asuma las consecuencias. ¿Cómo se puede conciliar ante un violentador que cobra derecho de piso o narcomenudeo? Ahí no debe haber conciliación sino la aplicación de la ley, debe haber justicia”, sentenció Armenta.
Pero más allá de eso, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, fue claro al señalar que el Congreso local no tiene margen de acción mientras no exista una solicitud formal del Ayuntamiento y una sentencia firme sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por el síndico, por lo que exhortó a la Comuna a cumplir cada paso del proceso o de lo contrario el Congreso no podrá hacer su parte.
“La situación que se ha dado genera cierta inestabilidad, sabemos que el Cabildo ya se ha pronunciado unánimemente y que el síndico va a enfrentar un proceso. Sin embargo, el Congreso no podrá proceder hasta que no haya un procedimiento formal en contra del síndico, tenemos conocimiento que así lo hará el Cabildo de San Pedro Cholula”, explicó García Parra.
De paso, exhortó a los gobiernos municipales a actuar con respeto y no politizar temas internos, toda vez que dijo, hay otros casos de Ayuntamientos donde funcionarios actúan con prepotencia y abuso de poder: “es un cargo que no es para siempre y la población siempre les va a recordar por hacer bien o mal”, expresó.
Y mientras el Cabildo de San Pedro Cholula avanza con el procedimiento para solicitar su destitución, el síndico Iván Cuautle Minutti aseguró que no piensa dar un paso atrás para abandonar su cargo, aferrándose por todos los medios posibles al mismo.
“No me voy a separar del cargo, no voy a guardar silencio y mucho menos voy a dejar que el poder se imponga sobre la verdad”, dijo en un video a través de sus redes sociales.
En un intento por revertir la narrativa, el síndico se pronunció asegurando que es víctima de una campaña de desprestigio orquestada para silenciar su voz crítica dentro del gobierno municipal y afirmó que los ataques buscan minar su imagen pública y desacreditar su labor al interior del Cabildo.
Cuautle Minutti pidió públicamente que las autoridades investiguen a fondo lo ocurrido en el mercado Cosme del Razo el pasado 8 de julio, cuando un grupo atacó a comerciantes para apropiarse de espacios comerciales, pero también que se identifique a quienes, desde dentro o fuera del Ayuntamiento, supuestamente estarían utilizando el caso con fines políticos.
“En los últimos días mi nombre se ha visto vinculado a los lamentables hechos del mercado Cosme del Razo, sin embargo, ante esta campaña de difamación de mi persona y mi trabajo, me veo en la necesidad de romper el silencio. Como síndico no tengo injerencia en las decisiones y operatividad de la Dirección de Normatividad, ni de ninguna otra área, niego categóricamente que mi persona tenga algo que ver en lo sucedido”, dijo.
El funcionario, ha sido señalado de estar involucrado en los hechos violentos ocurridos el pasado 8 de julio en el mercado Cosme del Razo, donde un grupo ajeno al municipio irrumpió con presuntas intenciones de intimidar o desplazar a quienes administraban los locales.
Versiones de los propios comerciantes apuntaron a posibles intentos de cobro de piso o maniobras para adueñarse de espacios comerciales, sin embargo, Cuautle ha negado toda implicación.
Las acusaciones más graves en su contra señalan que habría solicitado hasta 200 mil pesos a una exempleada para agilizar el pago de un laudo, en contubernio con personal del Tribunal.
Además, la administración de Tonantzin Fernández desembolsó más de 20 millones de pesos por juicios perdidos en menos de un año, lo cual presuntamente fue provocado con dolo por el funcionario a cambio de «moches» con particulares.
Y aunque el Cabildo de San Pedro Cholula ya solicitó formalmente al Congreso del Estado valorar la posible remoción del síndico Iván Cuautle Minutti, el Legislativo no puede actuar sin que exista un dictamen concluyente por parte de la Contraloría municipal, autoridad encargada de determinar si hubo faltas administrativas graves.
Recientemente, Laura Artemisa, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, explicó que aún no reciben documentación oficial que habilite legalmente su intervención.
Apuntó que cualquier procedimiento debe sustentarse en un fallo previo de una instancia competente, de lo contrario se estaría incurriendo en una violación al debido proceso y a los derechos del funcionario.
La normativa establece que sólo pueden iniciarse sanciones como la revocación o suspensión del cargo si hay pruebas de conductas graves que afecten el interés público o el funcionamiento del Ayuntamiento, y siempre que haya una resolución administrativa o judicial que lo respalde. En el caso de autoridades electas como un síndico, el Congreso debe actuar con especial cuidado, respetando la voluntad del electorado.
Por ahora, corresponde al Órgano Interno de Control del municipio determinar si existen elementos para sancionar a Cuautle Minutti. En tanto no haya una resolución definitiva, el Congreso no puede avanzar, ya que hacerlo sería prejuzgar sin fundamento legal.
