El país enfrentó este 24 de noviembre un paro simultáneo que dejó rutas troncales detenidas, accesos metropolitanos colapsados y una frontera bajo tensión directa. La movilización convocada por organizaciones de transportistas y productores agrícolas, sostenida en reclamos de seguridad, precios de garantía, suspensión temporal de la discusión de la Ley de Aguas y freno a las extorsiones en carretera, mostró desde primeras horas un comportamiento coordinado que fue adjudicado a los partidos de oposición.
En el Valle de México, la autopista México–Toluca quedó cerrada desde el amanecer por un tractocamión atravesado en la bifurcación con la carretera libre, lo que generó filas que avanzaron apenas metros durante horas. En Ecatepec, la Vía López Portillo quedó reducida a un solo carril entre camiones de carga que exigían seguridad y apoyos al campo.
Habitantes de La Paz se sumaron al paro y cerraron la circulación de la México–Puebla hacia la capital, mientras la Guardia Nacional confirmaba bloqueos en la México–Querétaro, la México–Pachuca, la México–Cuernavaca, la Naucalpan–Ecatepec, el Circuito Exterior Mexiquense y la México–Texcoco. El resultado fue la clausura práctica del sistema de accesos carreteros más importante del país.
En estados del Bajío, Occidente y el norte, el patrón se repitió: rutas detenidas y casetas ocupadas por grupos que afirmaron actuar ante la falta de atención institucional. En Michoacán, se tomaron simultáneamente casetas en Panindícuaro, Zinapécuaro, Vista Hermosa y Santa Casilda. En Sinaloa, quedaron inhabilitadas casetas en Guasave, Navolato y Culiacán, donde incluso se registraron discusiones entre agricultores y operadores de carga.
Mientras tanto, en Tamaulipas, la carretera Tampico–Mante fue cerrada en ambos sentidos. Zacatecas interrumpió la circulación en la caseta de Calera, Durango detuvo la vía hacia Torreón, Hidalgo cerró el Arco Norte en Ajoloapan y Oaxaca frenó el paso en la ruta a Tehuantepec. Las interrupciones construyeron un mapa nacional con presencia simultánea del paro en más de veinte entidades.
El episodio más grave se produjo en la franja fronteriza. En Ciudad Juárez, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y de la Asociación Nacional de Transportistas se presentaron en la Aduana desde primeras horas, exigieron diálogo con autoridades federales y, ante la falta de respuesta inmediata, avanzaron hacia el inmueble.
Personal de seguridad intentó contenerlos, pero la confrontación verbal escaló y terminó con el ingreso de los manifestantes al edificio. Una vez dentro, recorrieron oficinas y pidieron a los trabajadores retirarse, acción que los inconformes sostuvieron como una medida para obligar al gobierno a atender sus reclamos sobre seguridad, apoyos agrícolas y trámites.
Los empleados abandonaron el sitio sin incidentes físicos, pero la irrupción evidenció fallas en la infraestructura de control institucional en una instalación estratégica del Estado.
La tensión alcanzó incluso al principal puerto del país. En Manzanillo, aunque no hubo cierres físicos en carreteras de Colima, la comunidad portuaria decidió suspender por seis horas el ingreso de unidades ante el riesgo de bloqueos en los accesos. La suspensión alteró modulaciones, citas logísticas y operaciones de carga, en un recordatorio de la vulnerabilidad de la cadena de suministro nacional ante bloqueos coordinados fuera del ámbito portuario.
El impacto se extendió a la movilidad urbana. El Tren Interurbano El Insurgente operó sobre su capacidad habitual ante el colapso de la México–Toluca. En estaciones como Zinacantepec, Lerma y Metepec, los usuarios saturaron andenes desde temprano, ajustaron trayectos y abandonaron vehículos particulares en estacionamientos periféricos para evitar quedar atrapados en los bloqueos carreteros. La congestión se replicó en alternativas viales del Valle de México con cortes intermitentes y rutas de transporte público desviadas.
En el plano político, la respuesta federal quedó marcada por discursos divergentes. La Secretaría de Gobernación recordó que bloquear carreteras federales es un delito, pidió liberar las vía interrumpidas y reiteró que existía una mesa de diálogo disponible.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno “ha atendido” a transportistas y agricultores y que las mesas de trabajo estaban en curso. La dirigencia de la ANTAC rechazó esa versión, señaló que no existía diálogo real con Gobernación y reiteró que el paro respondía a la inseguridad persistente, a trámites administrativos que calificaron de restrictivos y a la ausencia de resultados en acuerdos previos. Desde la oposición, voces panistas negaron organizar los bloqueos y respaldaron las denuncias de violencia en carreteras.
Durante la tarde, CAPUFE reportó el retiro parcial de manifestantes en tramos como Palmillas y México–Puebla, pero en otras regiones los cierres persistieron. El megabloqueo dejó registros contundentes: interrupciones simultáneas en corredores clave, toma parcial de una aduana fronteriza, suspensión operativa en un puerto estratégico. El conflicto se mantiene sin resolución inmediata y expone fallas estructurales que el paro convirtió en un problema nacional visible, operativo y político al mismo tiempo.
