Ley de Ciberseguridad contra delincuentes no para censurar: Armenta

El gobernador respaldó también los foros organizados en el Congreso del estado, cuya finalidad es socializar el contenido de la ley y escuchar voces ciudadanas, de especialistas y organismos defensores de derechos humanos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier lanzó un mensaje directo desde el Palacio municipal: la recién aprobada Ley de Ciberseguridad no va contra los medios ni contra la libertad de expresión, va contra los verdaderos enemigos de la sociedad: los delincuentes digitales.

Respaldado por su gabinete y con datos en mano, el mandatario estatal señaló que no se trata de una “ley mordaza”, como algunos sectores han querido hacer ver, sino de una ley urgente para proteger a empresarios, menores de edad y mujeres que hoy son blanco de extorsiones, acoso o engaños en internet.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, tampoco se guardó nada: apuntó que antes de esta reforma, la entidad acumulaba mil 500 carpetas de investigación por ciberdelitos, de las cuales prácticamente ninguna llegó a juicio. Solo dos pudieron judicializarse, y ni siquiera fue por el delito original cometido con tecnología. Con esas cifras, aseguró, no había margen para la omisión.

A su vez, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, reveló que se destinarán 30 elementos más a reforzar la Policía Cibernética del estado.

Ley necesaria

En su conferencia mañanera, en el contexto de los pronunciamientos de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la ONU, el mandatario insistió: la ley no es contra periodistas ni medios, sino contra quienes cometen delitos desde el anonimato digital.

El gobernador respaldó también los foros organizados en el Congreso del estado, cuya finalidad es socializar el contenido de la ley y escuchar voces ciudadanas, de especialistas y organismos defensores de derechos humanos.

Aseguró que su administración será especialmente cuidadosa con los alcances de esta reforma y se dijo respetuoso del trabajo crítico de los medios de comunicación.

“Los medios no son delincuentes; al contrario, son promotores de la comunicación y el derecho a la información, ustedes son guardianes de la libertad de expresión y nuestra obligación es defender sus derechos, no limitarlos. Así que no es censura”, apuntó.

Por su parte, José Luis García Parra aportó cifras preocupantes: entre enero de 2024 y junio de este año, se han presentado mil 500 denuncias por delitos cibernéticos en Puebla. Sin embargo, únicamente dos han llegado a judicializarse, y ninguna por ciberacoso directamente, debido a vacíos en el marco legal anterior.

“Hay mil 500 carpetas de investigación por este tipo de ciberdelitos. Y antes de esta ley no se pudo judicializar ninguna carpeta, por no estar tipificados y considerados en la ley, solamente se judicializaron dos, pero fue por otros delitos, no por el principal, cometido a través de tecnologías de información y de internet”, apuntó.

El funcionario también dio un panorama más detallado: Puebla ocupa el quinto lugar nacional en incidencia de ciberdelitos y en particular, el ciberacoso afecta al 26.6 por ciento de las mujeres mayores de 12 años y al 23.1 por ciento de los hombres en ese mismo rango. Estos datos, dijo, evidencian una urgencia que no podía seguir ignorándose.

“Tenemos obligaciones de transparencia y si un funcionario o funcionaria pública de cualquier nivel, municipal, estatal o federal no cumple con su responsabilidad y obligación, se le puede señalar su falta de resultados, su incapacidad, su omisión, su complicidad o su corrupción en dado caso. Eso no tiene nada que ver con esta ley, debe de quedar muy claro, todas y todos los servidores públicos estamos obligados a rendir cuentas”, agregó.

Por otro lado, tras rumores sobre un supuesto despido injustificado dentro de la Policía Cibernética de Puebla, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González, negó categóricamente que se haya sancionado a algún elemento por diferencias relacionadas con la recién aprobada ley.

Entrevistado por separado, el funcionario explicó que la separación del mando se debió exclusivamente a una decisión personal motivada por desacuerdos sobre su desarrollo profesional dentro de la corporación, particularmente por no haber recibido un ascenso.

Sánchez González también apuntó que dentro de la dependencia se respeta plenamente la libertad de pensamiento y expresión entre el personal operativo y administrativo.

A esto se suma el anuncio de que próximamente se incorporarán 30 nuevos espacios para agentes dentro de la Policía Cibernética, toda vez que actualmente operan con una plantilla reducida de 18 elementos.

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