En la Puebla que presumía modernización, eficiencia y una “Ciudad de 10”, hay un rastro contable que sigue preocupando: siete empresas arrastran observaciones por más de 239 millones de pesos en dos años consecutivos —2022 y 2023— por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), todas ligadas a la administración del panista Eduardo Rivera Pérez.
Estas compañías solo son el ápice en un conglomerado de irregularidades financieras detectadas en el Ayuntamiento de Puebla que presidió Rivera, a quien la ASE detectó que en 2022 tuvo anomalías por423.4 millones de pesos y aun año después, mil millones 148 mil pesos, un crecimiento de 271 por ciento de un año a otro.
Se trata de un coctel de montos sin aclarar y daños patrimoniales que levanta sospechas, especialmente porque las irregularidades no son de una sola ocasión, sino que se repiten, empresa por empresa, año con año.
Empresas reincidentes
Una empresa se convirtió en la protagonista silenciosa de los gastos cuestionables del Ayuntamiento de Puebla en los últimos dos años. Se trata de Remedios Producciones y Asociados SA de CV, la cual acumuló presuntas irregularidades por 29.7 millones de pesos entre 2022 y 2023, según la ASE.
El patrón es claro: contratos por servicios para actos públicos, pero sin pruebas suficientes de que estos se hayan llevado a cabo. La compañía se encargó desde el alquiler de arcos de bienvenida, equipo de audio, sanitarios portátiles, e incluso organizar jornadas de trabajo y actos públicos de la Comuna.
Durante 2022, esta compañía obtuvo contratos para la renta de arcos de bienvenida, sanitarios portátiles, audio, y servicios integrales para la Secretaría de Economía y Turismo. Sin embargo, la documentación entregada no especificó ni las fechas ni los lugares de los eventos y tampoco se acreditó la satisfacción de los servicios prestados. Solo en ese año, se presume un daño patrimonial por más de 22 millones de pesos al erario municipal.
En 2023 la historia continuó con nuevas contrataciones millonarias para “otros arrendamientos” y eventos del gobierno, pero nuevamente sin evidencias del cumplimiento: ni registros fotográficos ni reportes de entrega ni constancias del lugar o fecha de los actos.
En algunos casos, incluso se detectaron pagos en exceso, como ocurrió con facturas que superaban los montos autorizados. En total, se solicitaron aclaraciones por más de 6.7 millones de pesos y se presume un daño patrimonial de otros 365 mil 400 pesos.
El caso de los consumibles
La firma JB Systems no fue la excepción. La ASE, en la Cuenta Pública 2022, pidió al Ayuntamiento transparentar la forma en que se firmó un contrato por más de 10 millones de pesos para la adquisición de consumibles de cómputo, toda vez que no hubo estudio de mercado ni se justificó el por qué se evadió una licitación pública.
En 2023, la empresa volvió a figurar en múltiples contratos adjudicados de forma directa por montos que suman millones de pesos.
Destaca uno por 2.6 millones para la renovación de licencias de antivirus y otro por 2.2 millones para la compra de equipo de cómputo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde no sólo faltó el estudio de mercado, sino que las fotografías de entrega datan de meses antes de la supuesta recepción formal y fueron tomadas en lugares distintos a los establecidos en el contrato. Es decir, las pruebas de entrega no cuadran ni en tiempo ni en espacio.
El más reciente contrato cuestionado asciende a 2.8 millones de pesos por infraestructura para procesamiento. Aquí, de nuevo, la entrega estuvo documentada con fotos fechadas tres meses antes de la firma del contrato.
Estas inconsistencias, sumadas a la falta de inventarios, dictámenes técnicos y justificaciones legales, dibujaron un patrón de opacidad y manejo discrecional de los recursos públicos.
Fuentes, pero de recursos sin comprobar
En esta andanada de empresas también se halló a Arky Joman S de RL de CV, la cual causó un posible daño patrimonial de 4.8 millones de pesos en 2022 y otros tres al año siguiente, que sumaron en total 7.7 millones de pesos.
En 2022, recibió 4.8 millones de pesos por el supuesto mantenimiento de 73 fuentes públicas, pero nunca acreditó los servicios mensuales pactados, y sus reportes fotográficos no coinciden con los registros de trabajo. El municipio pagó por limpieza, reparación e iluminación, pero lo único comprobado fueron inconsistencias documentales.
La historia se repite en 2023. Con nuevos contratos por 11.8, 5.9 y 10.4 millones de pesos, la empresa asumió el mantenimiento de 74 fuentes y de áreas permeables en Puebla, sin precisar precios unitarios ni justificar su experiencia técnica. En el caso de las fuentes, debían desarrollarse 592 lavados en ocho meses; sólo se documentaron 329, dejando 263 sin comprobar.
La estela de irregularidades continuó. Construcciones y Soluciones Ambientales Madeisa tuvo observaciones por más de 4.4 millones, con un daño patrimonial confirmado en 2023.
Magrett la Cocina del Chef, supuestamente encargada de proveeduría alimentaria, tuvo señalamientos por más de 22 millones en ambos años, sin que se haya aclarado su destino, mientras que Zambrano Abogados, S.C. concentró más de 14.5 millones, divididos entre daño patrimonial y montos por aclarar en 2022 y 2023.
