Entre 2023 y 2024, Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y actual senador de la República, recibió ingresos que hoy lo colocan en el centro de un escándalo político y fiscal. Documentos obtenidos por la Unidad de Investigación N+ Focus revelan que percibió al menos 69 millones de pesos provenientes de empresas privadas, sin que dichos recursos fueran reportados en sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública ni ante la contraloría del Senado.
Las transferencias incluyen pagos por “Servicios Profesionales” de compañías vinculadas a contrataciones públicas en Tabasco, estado que gobernó hasta 2018. Entre ellas destaca GH Servicios Empresariales, señalada por el SAT como empresa fantasma.
La investigación revela que en noviembre y diciembre de 2023 recibió 20 millones y medio de pesos: 8 millones novecientos mil por parte de GH Servicios Empresariales y 11 millones y medio de Operadora Turística Rabatte, esta última contratista en Tabasco durante su administración. En ambos casos, los pagos no figuran en su declaración patrimonial presentada en el mismo año, donde únicamente reportó 7 millones de pesos de ingresos.
En 2024, la misma compañía transfirió otros 2 millones ochocientos mil pesos al morenista, antes de que el SAT suspendiera su sello digital por irregularidades fiscales.
Los ingresos ocultos no terminan ahí. Capital Cargo del Golfo, firma que recibió contratos por adjudicación directa durante la gubernatura de López Hernández, pagó 18 millones 800 mil pesos en 2024. Sumados a otras transferencias, el monto total de recursos no declarados asciende a 79 millones de pesos.
La discrepancia con sus reportes oficiales es notoria. En 2023 declaró ante la Función Pública ingresos por 7 millones, cuando en realidad percibió al menos 22 millones. Un año después, ante el SAT reconoció 58 millones de pesos, pero en la contraloría del Senado únicamente reportó 625 mil 793 pesos. La brecha entre lo dicho y lo percibido plantea dudas de integridad y posibles responsabilidades administrativas.
Por ley, las omisiones o falsedades en las declaraciones patrimoniales pueden derivar en sanciones que van desde la suspensión temporal del cargo hasta la inhabilitación en la función pública. El caso, sin embargo, aún no ha sido llevado formalmente a instancias judiciales o administrativas.
La red de vínculos empresariales expuesta muestra que varias de las compañías beneficiadas habían sido proveedoras del gobierno de Tabasco durante la gestión de López Hernández. Ello abre la puerta a un debate mayor: el riesgo de que funcionarios que dejan un cargo pasen a recibir transferencias privadas de actores previamente favorecidos con contratos públicos.
El caso de Adán Augusto López Hernández se suma a una larga lista de cuestionamientos sobre la transparencia patrimonial de figuras políticas en México. Lo particular aquí es el contraste entre el discurso de austeridad que ha marcado a Morena y las cifras millonarias que el SAT ya tiene en registro.
En las próximas semanas, la presión mediática y social podría traducirse en demandas formales. Por ahora, el expediente periodístico de N+ Focus ha colocado en el centro de la discusión la congruencia de un actor político que ha ocupado posiciones estratégicas en el movimiento que gobierna México.
