La madrugada del lunes 3 de noviembre, en la carretera federal Puebla–Tehuacán, dos camionetas blancas cerraron el paso a una patrulla de la Policía municipal de San Salvador Huixcolotla. Los agresores abrieron fuego sin dar tiempo de respuesta y cuando cesó el estruendo, tres elementos yacían sin vida: el oficial Roberto Pérez Trinidad, Arturo Jiménez Ortigoza y la comandante Yusami Monterrosas Apolinar, de apenas 25 años.
El vehículo recibió más de un centenar de impactos y en el sitio apareció una manta con una amenaza firmada por el temido grupo criminal “La Barredora”. Pero el asesinato de los tres policías no solo fue un ataque directo contra la autoridad, sino también una muestra del deterioro de la seguridad pública en el municipio.
Tras la emboscada, todos los integrantes de la Policía municipal presentaron su renuncia. Algunos lo hicieron por miedo, otros porque no veían condiciones para seguir patrullando, pero lo que es un hecho es que el municipio quedó, literalmente, sin fuerza policial.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado anunció la intención de asumir el control de la vigilancia y desplegó patrullas estatales y federales para evitar nuevos ataques. A la par, en redes sociales comenzó a circular un video en el que el grupo autodenominado “La Barredora” se adjudicaba el atentado, presumiendo una vez más ser un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el momento del violento ataque.
Aunque las autoridades estatales no han confirmado la autenticidad del material, ni la participación de ese grupo, la aparición de mantas y videos es parte de una estrategia ya conocida: mostrar fuerza, infundir miedo y marcar territorio.
La renuncia de los elementos de seguridad también evidenció una realidad que viven muchos municipios en el país: en Huixcolotla, por ejemplo, sólo 12 policías vigilaban la seguridad en una localidad donde habitan más de 16 mil 700 habitantes, muestra del abandono institucional por parte de la autoridad municipal.
En los últimos años, Huixcolotla ganó fama por convertirse en terreno de disputa para bandas dedicadas al robo de vehículos, el secuestro y la extorsión. El caso más reciente ocurrió en agosto, cuando un joven de 17 años fue secuestrado y posteriormente liberado después de que la Fiscalía estatal detuviera a tres personas en flagrancia.
Las cifras confirman el deterioro: en los últimos dos años los delitos de alto impacto aumentaron 48 por ciento, con el robo de automóviles como el más frecuente, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El municipio se encuentra además en una posición geográfica estratégica, al borde de la carretera federal Puebla–Tehuacán, corredor que conecta con municipios donde operan distintas células del crimen organizado.
Aunque las autoridades no han hecho pública una línea de investigación definitiva, los indicios apuntan a que en Huixcolotla coexisten varias estructuras delictivas: grupos locales dedicados al robo de carga, células de secuestradores y bandas con vínculos con organizaciones mayores.
Municipio en emergencia
Tras el ataque, el Gobierno del estado reforzó la seguridad y anunció que asumirá temporalmente el control del municipio. La Secretaría de Gobernación confirmó que los alcaldes de Huixcolotla, Manuel Alejandro Porras, y de Eloxochitlán, Delfino Hernández, solicitaron protección, por distintas amenazas.
Sin embargo, el presidente municipal de Huixcolotla aseguró que no solicitó protección especial, aunque reconoció que la situación es crítica, mientras que la Secretaría de Seguridad del estado informó que continúa la investigación y que, por el momento, no hay elementos suficientes para atribuir el crimen a un grupo específico.
Lo que sí es un hecho es que bandas locales han proliferado en Huixcolotla en los últimos años. Según versiones periodísticas, Los Aldos son una de las principales bandas de delincuencia organizada que actúan allí, a quienes se les acusa de “levantones”, extorsiones, robo de vehículos y control del territorio.
Se vinculan también con un atentado ocurrido el 16 de enero de 2020 contra la exregidora de Patrimonio y Hacienda Pública de Huixcolotla, Laura Elizabeth Sánchez Flores. En este caso se señaló que la banda operaba con la complicidad de autoridades municipales.
En octubre de 2021 fueron detenidos en Huixcolotla tres integrantes de Los Aldos identificados como Eduardo N., El Borrega, Rafael N., El Quinino o El Mañas, y Luis Alberto N., El Zamora, así como a su líder a Julio N., El Chatarras.
