La muerte de Irma Hernández Cruz, profesora jubilada y taxista de 62 años, dio un giro judicial y político este lunes, cuando la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que no falleció por un infarto, como había sostenido la gobernadora Rocío Nahle, sino a consecuencia de tortura infligida durante su cautiverio. El caso, ocurrido en la zona norte del estado, sacude no solo por la violencia del crimen, sino también por la confrontación de versiones entre el Ejecutivo estatal y la autoridad ministerial.
La fiscal general Verónica Hernández Giadans informó en conferencia que la víctima fue privada de la libertad el 18 de julio por un grupo armado. Durante su secuestro, explicó, sufrió “agresión, tortura y violencia ejercida” por sus captores, lo que provocó su muerte. El hallazgo del cuerpo ocurrió el 24 de julio, en una construcción rústica de Tepetzintlilla, municipio de Tuxpan.
La nueva versión contradice lo dicho por Rocío Nahle un día después del hallazgo, cuando en una entrevista aseguró que la profesora había muerto de un infarto. Sus declaraciones generaron críticas por considerar que minimizaban el crimen. Lejos de rectificar, la mandataria reiteró el 29 de julio que esa era la causa del fallecimiento “les guste o no”, acusando una “campaña mediática” en su contra.
La Fiscalía detalló que cuatro personas —tres hombres y una mujer— han sido detenidas y vinculadas a proceso por secuestro agravado. Según la investigación, forman parte de La Mafia Veracruzana, grupo delictivo dedicado a extorsionar a taxistas en la región. Los acusados habrían participado en la retención de la víctima y en la difusión de un video donde, arrodillada y con las manos atadas, fue obligada a pedir a otros conductores el pago de cuotas al crimen organizado.
La detención inicial de los implicados se dio por delitos contra instituciones y contra la salud. Posteriormente, al reunir pruebas suficientes, se les ejecutó una orden de aprehensión por secuestro agravado. Una jueza de control validó los datos de prueba, que incluyen peritajes forenses, geolocalización y testimonios. Permanecen en el penal de Tuxpan bajo prisión preventiva, mientras la investigación se amplía para identificar a más responsables.
El caso ha motivado operativos conjuntos de fuerzas estatales y federales en la zona norte, donde persiste la disputa entre grupos criminales por el control de rutas de transporte público. El asesinato de Irma Hernández Cruz se suma a una serie de ataques contra taxistas en Veracruz, lo que ha elevado la demanda de seguridad por parte de los gremios de transporte.
