La diputada de Morena, Graciela Palomares, llevó al Congreso de Puebla una iniciativa que nace fuera de los expedientes y los códigos: de la experiencia cotidiana de las mujeres que enfrentan el abandono y la violencia vicaria. La propuesta, conocida como la “Ley Cazzu”, busca desatar los nudos burocráticos que hoy impiden a madres y padres con la guarda y custodia de sus hijas e hijos viajar con ellos cuando el otro progenitor se niega, se ausenta o simplemente desaparece.
No se trata —explicó la legisladora— de una reforma técnica más, sino de abrir camino a quienes tienen oportunidades laborales, familiares o de vida más allá del país y se ven detenidas por una firma que nunca llega.
En su visión, la iniciativa no debería quedarse en el ámbito local: Puebla puede ser el punto de partida para que esta discusión llegue a la Cámara de Diputados federal, donde la ley podría transformarse en una herramienta de alcance nacional.
Antes, el proyecto deberá recorrer el sendero legislativo estatal: dictámenes, debates y votos. Solo entonces podrá cruzar a San Lázaro, donde será nuevamente analizado y, en su caso, aprobado. Un trayecto largo, como el que hoy recorren muchas mujeres para justificar algo tan elemental como viajar con sus propios hijos.
La diputada contó que la iniciativa no nació en un escritorio, sino de historias concretas: la de una amiga cercana y la de al menos diez mujeres que han llegado a su casa de gestión con la misma pregunta y la misma frustración. Mujeres que, aun teniendo la custodia legal, no pueden salir del país porque el padre no firma, no responde o no está.
Palomares reconoció que el nombre de la iniciativa remite a un caso conocido: el de la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, “Cazzu”, y el artista mexicano Christian Nodal, una disputa que puso en el centro del debate una realidad que, lejos de los reflectores, se repite todos los días. Historias en las que la maternidad queda atrapada entre el derecho y la omisión.
La “Ley Cazzu”, dijo, pretende convertir esos silencios en soluciones y transformar una ausencia en un mecanismo legal que no castigue a quienes sí están presentes.
En su exposición de motivos, destacó que el pasado 25 de noviembre el Gobierno de Puebla se sumó al Compromiso Nacional para Defender a las Mujeres con Perspectiva de Paz y Confianza, y refrendó su adhesión a diez compromisos orientados a homologar tipos penales, fortalecer el acceso a la justicia, coordinar acciones con fiscalías y poderes judiciales, y garantizar espacios seguros para las mujeres.
El gobierno de Alejandro Armenta ha realizado un trabajo coordinado entre las Casas Carmen Serdán y los Centros Libres “Carmen Serdán”, que concentran ministerios públicos, peritas, médicas legistas y psicólogas, con el objetivo de evitar la revictimización.
Esto, según datos oficiales, ha contribuido a una reducción histórica de alrededor del 40 por ciento en los feminicidios durante los primeros 224 días de gobierno, así como a la ampliación de una red territorial de atención especializada.
A ello se suma la operación de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres, que entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 reportó 22 mil 337 acciones integrales y 6 mil 57 auxilios directos a mujeres, niñas, niños y adolescentes en riesgo, incluyendo intervención policial, medidas cautelares, traslados y acompañamientos jurídicos.
Recordó que las y los diputados locales pueden iniciar ante el Congreso de la Unión leyes y decretos que sean de su competencia.
En este sentido, propuso adiciones al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dejar claro que la ley establecerá mecanismos ágiles y accesibles, con perspectiva de género y de derechos de la niñez, a fin de que la persona que ejerza de manera principal la guarda y custodia, frente al abandono o al incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones de crianza, alimentos o convivencia por parte del otro progenitor, pueda obtener autorizaciones de movilidad nacional e internacional de amplia temporalidad, sujetas a control judicial, a la protección integral de niñas, niños y adolescentes y a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
Además, se busca evitar que el incumplimiento de dichas obligaciones sea utilizado como una forma de violencia o de control sobre quienes ejercen efectivamente las tareas de cuidado.
La propuesta seguirá la ruta legislativa en el Congreso de la Unión: su discusión en comisiones de la Cámara de Diputados, su eventual paso por el Senado y su regreso a la Cámara de Diputados, además de requerir la aprobación de las dos terceras partes de los congresos estatales, al tratarse de una reforma constitucional.
