Y más allá de eso: al no encontrar respuesta del gobierno para recibir la suma millonaria, buscaron acercamientos discretos y al margen de la ley con el gobernador Alejandro Armenta, un mandatario que no cedió ni un centímetro a sus intenciones.
La empresa Melgarejo Construcciones y Concesiones SA de CV, propiedad de Javier Eduardo Melgarejo Haddad, logró una sentencia favorable por parte del Poder Judicial federal para que el gobierno estatal le pague una indemnización por la cancelación del Libramiento Poniente. El problema: no se construyó ni un metro de ese libramiento, ni se puso una sola piedra sobre el terreno.
Pero esta no es la primera vez que los negocios de los Melgarejo Haddad han sido cuestionados, especialmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el priista le otorgó a manos llenas contratos a la familia por diversas obras carreteras.
Entre estos el proyecto del tren interurbano Toluca-México, que de acuerdo con un estudio del IMCO, en marzo de 2018 tuvo un sobrecosto de más del 50 por ciento, así como una contratación desorganizada y opaca en la que Omega Construcciones, liderada por Jorge Miguel Melgarejo Haddad —hermano de Javier— , fue una de las empresas beneficiadas.
“Enormes huecos de información que debe publicarse, solicitudes de información negadas y omisiones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para mantener los datos, montos y contratos del tren adecuadamente actualizados y disponibles al público interesado”, fueron parte de las observaciones del IMCO.
Para ese contrato, Omega se alió con Caabsa Constructora y otras tres firmas a fin de asegurar un contrato de mil 426 millones de pesos.
La constructora Omega fue una de las preferidas en el sexenio peñista, con contratos de obra pública y asociaciones público-privadas que superaron al menos los 22 mil millones de pesos, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación y reportajes de investigación.
Los problemas de hoy tienen raíces en los privilegios de ayer: se llevó además contratos para el Aeropuerto Internacional de México (Texcoco), que terminó siendo cancelado, así como la conservación de tramos carreteros como Matehuala-San Luis Potosí, con un contrato por 5 mil 530 millones de pesos.
En 2018, Omega participó en un consorcio con Egis Road Operation, Omega Corps, entre otros, que se adjudicó el paquete carretero Golfo‑Centro. Sin embargo, tres años después, en 2021, la Auditoría Superior de la Federación detectó que la concesionaria adeudaba 81.8 millones de pesos al Fonadin por peajes no recaudados, atribuidos a protestas en casetas y problemas operativos.
Una constructora opaca
Jorge Miguel y Javier Eduardo Melgarejo Haddad construyeron un emporio a lo largo de los años. Su apellido aparece en el corazón de varias carreteras repartidas por México bajo la firma del Grupo Omega, una empresa familiar que fue ampliamente beneficiada en el sexenio de Peña Nieto.
Durante años, Omega fue sinónimo de grandes proyectos: tramos como la México–Toluca, la Mazatlán–Culiacán, la Mexicali–Tecate y varios libramientos como el de Matehuala y Mexicali.
El modelo que aplicaban era sencillo: obtener concesiones a largo plazo hasta de 30 años para vivir del erario de forma prolongada. Fue ese mismo modelo el que intentaron aplicar en Puebla.
En 2009, en los últimos años del sexenio del gobernador Mario Marín Torres, la administración estatal entregó sin licitación pública la concesión para la construcción y explotación por 30 años del Libramiento Poniente, una vía estratégica de 26 kilómetros que conectaría la autopista México-Puebla con la Carretera Siglo XXI, rumbo a Atlixco.
La concesión cayó en manos de Melgarejo Construcciones, una empresa encabezada por uno de los hermanos menores del clan Melgarejo, desprendido ya de Omega pero respaldado por la misma trayectoria empresarial.
El objetivo era claro: aplicar en Puebla la fórmula probada en otros estados, donde las autopistas representaban jugosos negocios de largo plazo, pero el proyecto nunca arrancó. En 2012, con la llegada de una nueva administración estatal a cargo de Rafael Moreno Valle, el contrato fue cancelado por incumplimiento.
No se colocó un solo metro de asfalto, no se avanzó en la obra, ni siquiera se inició la primera etapa del libramiento, la empresa fue despojada de la concesión y aparentemente, el asunto habría quedado en el olvido. No fue así.
Años después, Melgarejo reactivó el caso en los tribunales, al exigir una indemnización por la cancelación del contrato. La disputa escaló al Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, donde en 2022 una sala resolvió que la empresa tenía derecho a ser compensada.
La administración estatal intentó revertir el fallo, pero en junio de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia a favor de la constructora.
El resultado: el gobierno de Puebla fue condenado a pagar más de 640 millones de pesos, una cifra que incluye el valor de la inversión proyectada, el rendimiento acordado y otros accesorios legales… por una obra que nunca se construyó.
Hoy, Melgarejo Construcciones busca hacer valer un contrato heredado de otra época, con otra lógica, y que nunca se concretó. El fallo de la Corte, aunque legalmente válido, ha sido calificado por el gobernador Alejandro Armenta como «leonino» e injusto debido a que la familia Huerta Yedra, habría favorecido dolosamente a la firma con un fallo a su favor en 2022. La batalla legal para evitar el pago se mantiene vigente.
