Un fallo administrativo pretende someter al gobierno de Puebla a un pago multimillonario por una obra que nunca se construyó. El caso, que parecía un simple litigio entre una constructora y el Estado, reveló una serie de intereses cruzados, intentos de negociación en privado y la participación de una familia cuestionada: los Huerta Yedra.
Detrás del intento de cobro está Melgarejo Construcciones, propiedad de Javier Eduardo Melgarejo Haddad, quien junto con su familia obtuvo contratos en megaproyectos federales en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que, en 2022, inició un juicio contra el gobierno poblano, argumentando el incumplimiento de un título de concesión para la construcción del Libramiento Poniente de la ciudad de Puebla.
Lo que pedía: una indemnización millonaria de primero, 640 millones de pesos, y luego, casi mil millones, que incluyera supuestas inversiones, rendimientos y accesorios financieros, pero el proyecto jamás se materializó.
No hay obra ni ejecución, aun así, la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, encabezada por Rubén José Huerta Yedra, falló a favor de la empresa.
En la resolución se declaró la “negativa ficta”, es decir, la falta de respuesta del Estado como una omisión que daba la razón a la constructora y, por ello, la Sala ordenó al gobierno emitir formalmente la declaratoria de rescate del título de concesión y pagar la indemnización completa, como si el libramiento estuviera terminado.
Casi tres años después, en su mañanera de este miércoles, el gobernador Alejandro Armenta reveló que las irregularidades en este proyecto siguen vigentes, toda vez que la empresa intentó negociar el pago en privado, algo que su administración no permitió.
“Se acercó conmigo Melgarejo, querían hablar en privado, porque en privado o en corto se ponen de acuerdo, yo le dije: ‘No, aquí está mi abogado y mi administrador, pónganse de acuerdo con lo que corresponda, yo no voy a hablar en privado contigo’, porque los que buscan una negociación de ese tipo, lo que hacían, presumiblemente, era llegar con alguien que tomaba decisiones y, presuntamente, era la milpa: mil para ti y mil para mí”.
Sin embargo, la 4T en el estado se ha mantenido firme en el proceso de litigio. Fue en la administración de Miguel Barbosa Huerta, cuando desde la Secretaría de Planeación y Finanzas, se interpuso un recurso de revisión administrativa contra la sentencia.
Este litigio fue presentado desde el 10 de diciembre de 2022, con la intención de revertir la decisión que obliga al pago de un libramiento que nunca ha existido.
El asunto no quedó ahí. Poco a poco escaló por la serpiente del Poder Judicial Federal hasta llegar a la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se emitió un decreto todavía peor: El gobierno del estado debía pagar 2 mil 200 millones de pesos a la constructora.
A pesar del fallo, la administración de Alejandro Armenta Mier todavía no ceja en su lucha por echar abajo un fallo que inició en la oficina de Rubén José Huerta Yedra y fue secundado por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
Pero ahora existen otros matices. A decir del coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, la empresa consentida del peñanietismo no pretende cobrar los más de 2 mil millones de pesos sino de la friolera de 998 millones.
Todo, para no olvidar ningún momento, por una obra que nunca se efectuó.
Los Yedra y sus cochupos
Los integrantes de la familia Huerta Yedra no están exentos de la polémica. Además de haber dado pase a una sentencia que obliga al gobierno de Puebla a pagar una cifra millonaria a la constructora, han sido señalados por su cercanía con personajes del morenovallismo y por presuntas prácticas irregulares en el ejercicio público.
En el caso de Rubén Yedra —la mano detrás de la deuda que hoy se exige al gobierno del estado a través de Melgarejo—, en diciembre de 2022 presentó su renuncia como magistrado titular de la Cuarta Sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, misma que fue aprobada por el Congreso el 26 de enero del año siguiente.
Su salida se dio inmediatamente después de la detención de su hermano Gustavo y tras denuncias públicas, especialmente por parte del entonces gobernador Miguel Barbosa, por supuestamente favorecer a empresas contaminantes como “La heredera” mediante amparos dudosos.
Rubén Yedra fue denunciado públicamente por supuestamente permitir que la textilería, propietaria de una planta considerada contaminante del río Atoyac, reanudara operaciones a pesar de que existían clausuras definitivas que lo impedían.
Las acusaciones lanzadas en su momento por el exgobernador Miguel Barbosa abarcaban inclusive a un abogado cercano a Rubén, Jesús Pacheco Ortiz, quien fungió como director jurídico en la Secretaría de infraestructura entre 2019 y 2021 y presuntamente, infiltrado, provocó que el gobierno perdiera juicios por cerca de 22 millones de pesos.
De acuerdo con el periodista Álvaro Ramírez Velazco, en un reportaje publicado en Hipócrita Lector, fue el exfuncionario Jesús Pacheco quien dentro del gobierno del estado habría operado la fuga de recursos en litigios perdidos, siendo cómplice de Rubén Yedra, quien para entonces ya tenía acusaciones por el favorecimiento a empresas mediante sentencias judiciales sin fundamento.
En el caso de su hermano, Gustavo, una carpeta de investigación por falsificación de prácticas notariales para obtener ilegalmente la notaría 12 de Cholula enturbió su carrera, luego de obtener su aprobación en 2018, mientras aún era funcionario, lo cual está prohibido por la ley.
Este personaje ocupó diversos cargos públicos, entre ellos, el de Fiscal Metropolitano durante la administración de José Antonio Gali Fayad y como subsecretario de Investigación e Inteligencia de la SSP, además, estuvo recluido en el penal de San Miguel, acusado del delito de falsificación de documentos para obtener su título de notario.
La Jornada de Oriente, en una nota del 12 de diciembre de 2022, advirtió que el funcionario se trataba de uno de los principales responsables de 355 casos “represión, procesamiento y encarcelamiento político” en el sexenio de Moreno Valle.
Además, existen testimonios periodísticos de habría estado involucrado en la liberación de José Cristian N., El Grillo, exlíder narcomenudista del mercado Morelos en la capital poblana, al no presentarlo ante un juez de control cuando fue empleado de la Fiscalía.
Así se asentó en el periódico Hipócrita Lector, en esa misma fecha:
“En La Quinta Columna del 6 de mayo de 2020, publicada en edición poblana del periódico Contrarréplica, Mario Alberto Mejía narra cómo la noche del lunes 28 de mayo de 2018, el célebre Grillo fue detenido en una gasolinera y a los dos días, sin haber sido puesto a disposición de un juez de control, fue liberado.
“El autor de la generosa concesión tiene nombre y apellidos: Gustavo Huerta Yedra, quien por esa época era fiscal metropolitano. Él mismo justificó su acción ante la prensa.
“‘Así lo publicó El Sol de Puebla el jueves 31 de mayo:
“‘Christian N, alias El Grillo, y sus cuatro acompañantes (…) fueron liberados debido a que solamente se les relacionó con el delito de cohecho, informó el Fiscal de Investigación Metropolitana, Gustavo Huerta Yedra.
“‘Referente a la portación de armas, al ser un delito de competencia federal, se dio curso a la dependencia para continuar con las investigaciones, agregó el funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE), al ser cuestionado sobre la liberación de Christian N y sus ‘cómplices’, cuando existían sospechas de que el sujeto estaba relacionado a una peligrosa célula criminal, presuntamente dedicada al narcomenudeo y asaltos’”.
A la par, en octubre de 2022, protagonizó un conflicto vecinal en el exclusivo fraccionamiento La Vista, donde, tras desacuerdos con la administración por violaciones al reglamento de construcción, ordenó bloquear ambos accesos al residencial con sus camionetas personales, lo que afectó la entrada y salida de todos los residentes.
Además, su nombre y el de su firma legal, Huerta Yedra, Filio & Icazbalceta, aparecen en otros casos polémicos, como el del presunto criminal Diego N., detenido con armas y droga en Lomas de Angelópolis, y liberado por decisión de una jueza que habría recibido pagos ilegales por parte de abogados del mismo despacho, según la revelación realizada por el periodista Luis David García, el 25 de marzo de 2024, en su cuenta de X, antes Twitter.
