El gobierno de Puebla confirmó que desde hace seis meses se iniciaron acciones legales y procedimientos de investigación en contra de la Fundación Mary Street Jenkins, ante presuntos delitos de desvío de recursos y operaciones con fondos de procedencia ilícita.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que, tras el exhorto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dé seguimiento al caso, el estado también cuenta con indagatorias abiertas sobre el manejo del patrimonio de la fundación.
De acuerdo con García Parra, existen señalamientos por transferencia de recursos hacia paraísos fiscales, por lo que la Consejería Jurídica del Estado realiza un monitoreo y análisis de las operaciones financieras vinculadas.
“Sin necesidad de que nos lo solicitaran, hace aproximadamente seis meses el gobernador Alejandro Armenta instruyó a la Consejería Jurídica a iniciar los procedimientos necesarios para investigar y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes contra la Fundación Jenkins”, señaló el funcionario.
A esta postura se sumó el presidente del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, quien respaldó el llamado del gobierno federal y subrayó que en Puebla no habrá impunidad ni protección a quienes estén bajo investigación judicial.
«Me sumo a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum que la UIF revise el caso de la Fundación Jenkins. En Puebla no habrá impunidad y no se protege a quienes están bajo una investigación judicial”, publicó en redes sociales.
El caso de la Fundación Mary Street Jenkins es uno de los expedientes financieros más relevantes del país. Se le vincula con el desfalco de un fideicomiso valuado en más de 14 mil millones de pesos, recursos originalmente destinados a la beneficencia pública en Puebla.
El patrimonio de la fundación se compone principalmente de bienes inmuebles y activos financieros: cerca del 50 por ciento corresponde al campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y otro 40 por ciento a propiedades ubicadas dentro del país.
El conflicto se originó en 2016, cuando Guillermo Jenkins de Landa denunció al resto del patronato por el traslado irregular de 720 millones de dólares hacia paraísos fiscales.
Durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, el caso escaló al ámbito judicial con la emisión de órdenes de aprehensión contra miembros de la familia Jenkins, lo que provocó una profunda crisis institucional en la UDLAP, que incluso derivó en la intervención de su patronato.
Aunque los integrantes originales del organismo fueron exonerados este año, las autoridades estatales han reiterado que las investigaciones sobre el destino de los recursos continúan, en coordinación con instancias federales.
