La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el análisis de la información entregada por autoridades estadounidenses no permitió acreditar ninguna relación entre Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco con actividades de delincuencia organizada o con estructuras de lavado de dinero.
Afirmó que la documentación enviada por el Departamento del Tesoro no aportó datos verificables que cumplieran con el criterio legal para sustentar una denuncia, por lo que la Secretaría de Hacienda, la CNBV y la UIF desecharon esa posibilidad.
Sheinbaum explicó que la razón principal para intervenir a las tres instituciones surgió de la salida inmediata de recursos que comenzó tras el comunicado estadounidense, lo que provocó un estrés operativo que podía impactar al sistema financiero nacional.
La CNBV actuó de manera preventiva para evitar que ese retiro se convirtiera en un riesgo sistémico y, según la mandataria, la intervención se aplicó exclusivamente para estabilizar el flujo de capital y proteger los intereses de los usuarios.
Sheinbaum señaló que las auditorías internas previamente efectuadas por la CNBV habían detectado problemas administrativos, sanciones por incumplimientos y observaciones sobre procedimientos internos, pero ninguna de esas revisiones apuntó a comportamientos delictivos.
La UIF corroboró que no existía rastro de operaciones que activaran los parámetros de presunción penal que exige la legislación en materia financiera.
La mandataria confirmó que la designación de Itzel Moreno Macías García como interventora gerente en Casa Vector será revisada con detalle en el informe que presentará el secretario de Hacienda la próxima semana.
El órgano interno de control de la CNBV abrió una revisión sobre la posibilidad de conflicto de interés, dado que la funcionaria había supervisado a Vector e Intercam en periodos previos. La presidenta señaló que el país debe contar con información completa y pública para comprender el alcance de la intervención.
Sheinbaum afirmó que el país continuará cooperando con Estados Unidos en materia financiera, pero reiteró que solo procederá penalmente cuando existan pruebas verificables y suficientes.
El informe prometido ofrecerá una explicación amplia sobre el comportamiento financiero de las tres instituciones, el operativo de intervención y los criterios jurídicos que llevaron a descartar cualquier vínculo criminal.
