Uno de los casos más representativos se ubica en Chihuahua, donde se comprobó que durante la administración de César Duarte se construyó una presa en un rancho privado que concentraba miles de metros cúbicos de agua en detrimento de pequeños productores de la región.
“Este es el caso de Chihuahua del exgobernador Duarte, quien durante su periodo de gobierno se mandó a construir una presa al interior de un rancho de más de 600 metros que provocó un acaparamiento en toda la región y que no permitió que muchos pequeños productores pudieran utilizar a esa agua prácticamente para sobrevivir», dijo.
El diagnóstico de Conagua indica que a lo largo de décadas se entregaron concesiones bajo criterios discrecionales y de acuerdo con Efraín Morales, en lo que va del sexenio ya se han recuperado alrededor de 4 mil millones de metros cúbicos, equivalentes a cuatro veces el consumo anual de la Ciudad de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que el objetivo de la estrategia no es sólo recuperar lo acaparado, sino establecer un nuevo orden en el manejo del agua.
Explicó que la política se centra en reconocer el recurso como un derecho humano y no como un negocio, lo que implica acuerdos con empresas concesionarias para devolver volúmenes no utilizados. Por ejemplo, señaló que industrias que tenían derecho a extraer 20 metros cúbicos y que sólo utilizaban 10, ahora reintegran la diferencia al sistema nacional.
Plan de obras hídricas
Por otro lado, Conagua presentó un paquete de inversión sexenal que asciende a 122 mil 600 millones de pesos para garantizar el abastecimiento, cuyo plan contempla una visión de largo plazo, con proyectos que tendrán un horizonte de entre 20 y 40 años y que, según Núñez, beneficiarán a más de 36 millones de personas.
En la primera etapa se desarrollan 17 proyectos distribuidos en entidades con alta demanda hídrica. Entre ellos destacan el acueducto Solís León en Guanajuato, con una inversión de 15 mil millones de pesos; la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria en Durango, con beneficio para más de 300 mil habitantes; el plan integral en la zona oriente del Estado de México, que dará servicio a 6.4 millones de personas, y las obras de protección contra inundaciones en Tabasco, donde se invertirán 2 mil 400 millones de pesos.
Otros proyectos relevantes, según explicó el titular de Conagua, incluyen la modernización del suministro para la Zona Metropolitana del Valle de México, la construcción de un acueducto en Colima para 238 mil habitantes y el programa “Acapulco se transforma contigo”, para proteger a casi 800 mil personas frente a inundaciones.
La estrategia también contempla obras pendientes en Campeche, Baja California, Veracruz y San Luis Potosí, con infraestructura que abarca presas, plantas desaladoras y redes troncales.
Según la planeación de Conagua, 11 de los proyectos ya se encuentran en ejecución y seis más están en fase de definición técnica.
Van por regularización
Por otro lado, el gobierno federal anunció un nuevo decreto para poner orden en el uso del agua. Y es que, de los más de 536 mil títulos revisados, alrededor de 163 mil se encuentran caducados, principalmente por dos razones: la falta de claridad sobre los plazos de renovación -pues en los sexenios pasados se otorgaron concesiones de hasta 30 años- y las complicaciones que dejó la pandemia de Covid-19, cuando miles de productores no pudieron regularizarse.
Según Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua de Conagua, el nuevo decreto ofrecerá facilidades para pequeños y medianos agricultores, ganaderos, municipios y estados. En total, más de 13 mil casos corresponden a Ayuntamientos que tampoco renovaron sus concesiones para uso público urbano.
La regularización, dijo, significará acceso a subsidios, créditos y certeza jurídica, algo que hoy está fuera del alcance de al menos 89 mil productores al no estar en regla.
El beneficio aplicará para concesiones que amparen hasta 500 mil metros cúbicos anuales, siempre y cuando los interesados cumplan con requisitos básicos como acreditar la propiedad de los predios, comprobar el uso del agua en los últimos dos años y cubrir los pagos correspondientes.
