Cuando la actual administración estatal a cargo de Alejandro Armenta tomó control del Gobierno de Puebla, heredó algo más que pendientes administrativos: encontró un entramado de contratos, demandas judiciales y reclamos económicos que hoy ponen en riesgo casi 3 mil 500 millones de pesos del erario. Así lo expuso el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien detalló la profundidad del conflicto legal que enfrenta el estado.
De acuerdo con el funcionario, el gobierno en funciones se encontró con más de 100 demandas activas, derivadas de contratos firmados desde hace casi dos décadas, muchos de ellos sin liquidación formal y cuyos montos son variables, pero el impacto potencial es de «miles de millones de pesos” en juego.
Dentro de ese universo, hay 10 litigios considerados prioritarios, cuyo valor conjunto ronda los 3 mil 500 millones de pesos, una cifra que representaría un golpe severo a las finanzas públicas.
Tres de esos casos ya cuentan con sentencias judiciales firmes, emitidas en 2013, 2015 y 2023, por aproximadamente mil millones de pesos, pero actualmente, el gobierno analiza esos expedientes para intentar negociar intereses y reducir el impacto económico.
Sin embargo, García Parra fue más allá del monto. Aseguró que lo que el gobierno detectó es un modus operandi repetido entre empresas privadas y exfuncionarios públicos que validaron obras que nunca existieron, incluyeron conceptos fuera de catálogo y trabajos que no se ejecutaron, pero que fueron avalados oficialmente y luego incorporados a demandas judiciales para inflar los adeudos.
El funcionario explicó que este mecanismo detonó una cadena de litigios que hoy enfrenta el estado y en varios casos, el paso del tiempo provocó que algunas responsabilidades administrativas o penales prescribieran, pero advirtió que eso no frenará la respuesta del gobierno.
Aunque existan sentencias que obliguen a pagar, García Parra advirtió que explorarán la vía penal contra los socios de las empresas involucradas, especialmente cuando se detecte que los mismos grupos empresariales demandan al gobierno desde distintas razones sociales.
“Estamos integrando los expedientes porque, aunque tengamos una sentencia que nos obligue a pagar a una empresa, estos integrantes de esa sociedad son parte de otra empresa que está demandando también al gobierno. Aunque esa sentencia nos obligue a pagar un monto, vamos a ir por la vía penal”, sentenció.
Aunque en su exposición de este martes no detalló proyectos específicos, en noviembre pasado el propio coordinador de Gabinete sí mencionó algunos casos emblemáticos.
Entre ellos, el conflicto con Algani Internacional, empresa a la que se le canceló el contrato para la autopista Tlaxco–Tejocotal, y Melgarejo Construcciones, que reclama 640 millones de pesos por el Libramiento Poniente, pese a que, según el gobierno, sólo invirtió 17 millones.
A estos se suman litigios con Hylsa Infraestructura e Hylsa Salud, empresas con domicilio fiscal en Nuevo León, lo que ha obligado al gobierno poblano a litigar fuera del estado.
“Esta defensa la está haciendo el equipo jurídico del Gobierno del Estado. Y aunque algunos casos ya hayan prescrito, vamos a exhibir a las y los funcionarios que fueron parte de esto y a las empresas que fueron parte de esto y quienes estuvieron buscando saquear a Puebla”, expuso.
