La violencia contra las mujeres en Puebla mostró una reducción significativa durante el año pasado, toda vez que, entre enero y noviembre, el delito de feminicidio cayó 43 por ciento, mientras que el homicidio doloso disminuyó 10 por ciento, de acuerdo con cifras presentadas por la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, al evaluar los resultados de la estrategia “Puebla Segura” frente al mismo periodo de 2024.
La fiscal sostuvo que la disminución de los crímenes letales contra mujeres no es un fenómeno aislado, sino que su raíz se encuentra en la operación de las Casas «Carmen Serdán», que durante el periodo reportado brindaron 98 mil atenciones a 17 mil 321 mujeres en situación de riesgo.
A partir de estas intervenciones, la Fiscalía inició 4 mil 478 carpetas de investigación y activó 4 mil 648 medidas de protección, acciones que permitieron contener casos de violencia antes de que escalaran a consecuencias fatales.
En materia de delitos de género, la Fiscalía abrió de forma general en el estado 16 mil 758 carpetas de investigación y mil 110 expedientes de atención temprana, investigaciones que derivaron en 166 detenciones en flagrancia, el cumplimiento de 229 órdenes de aprehensión contra violentadores y la ejecución de ocho cateos, que dejaron como saldo la detención de cinco personas.
En el mismo periodo, los homicidios dolosos registraron una reducción del 10 por ciento. Armenta tradujo ese porcentaje en un impacto concreto: alrededor de 90 personas que no perdieron la vida.
Además, recordó que seis de cada 10 homicidios tienen su origen en riñas sociales, lo que implica que este delito no es resultado en mayor medida de disputas entre bandas delictivas, sino en sí a la descomposición del tejido social que su gobierno combate.
“Estamos hablando de 90 almas que no murieron por un homicidio ¿Cuánto vale para ustedes 90 personas si hubiera sido tu hijo, tu padre o madre? Mucho de ese trabajo, aunque a algunos no les guste, es el resultado de un gobierno que está pendiente, trabajando, dando resultados de manera coordinada”, apuntó.
El segundo frente señalado por la fiscal Idamis Pastor fue el combate al narcomenudeo, pues durante 2025, este delito registró una reducción del 15 por ciento en comparación con el año anterior, como resultado de operativos entre los tres órdenes de gobierno.
En este rubro, se realizaron 157 cateos, que permitieron la detención de 307 personas presuntamente vinculadas a la venta de droga. Además, la Fiscalía logró mil 401 imputados vinculados a proceso y 112 sentencias condenatorias.
De manera global, la Fiscalía reportó una disminución en 14 delitos de alto impacto durante los primeros 11 meses del año anterior, lapso en el que se concretaron 6 mil 103 detenciones en flagrancia por todo tipo de ilícitos y cuyos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En términos operativos, la Fiscalía ejecutó 449 órdenes de cateo en 517 inmuebles, lo que derivó en la detención de 393 personas.
Los aseguramientos dan cuenta del tamaño de los golpes a las estructuras criminales pues durante este periodo se decomisaron más de 25 mil kilos de marihuana y más de 6 mil kilos de metanfetamina, además de 72 armas de fuego, 2 mil 823 cartuchos, 178 vehículos y más de 750 autopartes y llantas.
En cuanto a los mandamientos judiciales, la Fiscalía cumplimentó mil 271 órdenes, de las cuales mil 211 fueron reaprehensiones y 60 aprehensiones directas.
En tanto, el despliegue policial también se reflejó en la estrategia: el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que como parte del operativo “Puebla Segura” se realizaron 53 sobrevuelos en 76 puntos, incluidos el Periférico Ecológico y la autopista 150D.
Estas acciones derivaron en 239 personas detenidas, 24 vehículos asegurados por actividades ilícitas y la recuperación de 17 unidades con reporte de robo.
A la par, el operativo “Unidos Por Ti” apostó por la prevención al realizar 17 mil 500 visitas a negocios, 2 mil 600 acciones de proximidad en zonas bancarias y contacto directo con 104 mil 538 personas, con la participación de más de 3 mil elementos de los tres órdenes de gobierno.
Durante el periodo decembrino, las autoridades estatales reportaron saldo blanco, tras ejecutar más de 4 mil acciones de proximidad, presencia en 7 mil comercios y vigilancia en mil 617 cajeros automáticos, como parte de los operativos “Unidos Por Ti” y “Guadalupe-Reyes”.
Fortalecerán policías
Por otro lado, el titular de la SSP reveló que cuatro de cada 10 policías municipales operan sin certificación, una condición que les impide portar o utilizar armas de fuego. El problema, dijo, se concentra principalmente en los Ayuntamientos, donde persisten rezagos administrativos y de presupuesto.
El funcionario señaló que actualmente hay 7 mil 898 policías municipales certificados en la entidad, lo que deja pendiente la acreditación de más del 40 por ciento del estado de fuerza.
El funcionario admitió que el proceso va atrasado y atribuyó esta situación a que muchos municipios no destinan recursos suficientes para cumplir con los requisitos que exige el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sánchez González señaló que la certificación representa un costo que varios Ayuntamientos aseguran no poder solventar, aunque recordó que el Gobierno del estado ofrece acompañamiento para que el trámite no represente una carga financiera.
Los trabajos para regularizar esta situación comenzaron formalmente el año pasado y se reforzarán durante el actual, con la meta de que todos los policías municipales cuenten con certificación antes de que concluya el 2026. Mientras tanto, la policía estatal despliega pelotones o escuadras para acompañar a corporaciones municipales que no cumplen con los requisitos mínimos.
Arcos de seguridad
En otro tema, el vicealmirante reconoció que sólo dos de los siete Arcos de Seguridad instalados en la entidad se encuentran en terrenos propiedad del gobierno estatal. Se trata de los ubicados en Huejotzingo y Palmar de Bravo, mientras que los otros cinco están en proceso de regularización por parte de los Ayuntamientos, y uno más se localiza en un predio privado.
Pese a que la situación jurídica de la mayoría de estos inmuebles no está completamente resuelta, el gobierno estatal mantiene la inversión en esta infraestructura y durante 2025 se destinaron 14 millones de pesos para trabajos de mantenimiento y mejoras en los Arcos, los cuales habían quedado en desuso durante años.
Para 2026, la SSP tiene previsto invertir 26 millones de pesos adicionales, mientras que la Secretaría de Infraestructura canalizará 57.7 millones de pesos para rehabilitar estas instalaciones, que presentan carencias básicas como servicios de agua, energía eléctrica, mobiliario y conservación.
