El conflicto por la propiedad del predio conocido como Covadonga, en Puebla, sumó un nuevo capítulo el pasado martes 26 de agosto, cuando personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue sorprendido instalando un poste con mufa y medidor en el lindero norte del terreno. La acción, según los representantes de la Fundación Julita y Antonio, beneficiaría a las personas que mantienen ocupada de forma ilegal la superficie desde febrero de 2025.
Jesús González Schmal, abogado de la Fundación, informó que se interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la CFE, al considerar que el personal de la empresa estatal pudo haber incurrido en una falta grave al dotar de infraestructura eléctrica a ocupantes irregulares. Subrayó que la Fundación es la única instancia con contrato vigente de energía en la zona y que, por tanto, la maniobra implica una irregularidad administrativa.
La invasión al predio ocurrió el 9 de febrero de este año. Desde entonces, los ocupantes se colgaban de la red de forma clandestina, práctica que había sido detectada y corregida en distintas ocasiones por la propia CFE. Sin embargo, la instalación de un poste oficial representa un cambio sustancial en la situación, pues abre la posibilidad de que los invasores accedan al servicio de forma regularizada.
El escrito presentado ante la autoridad interna de la CFE señala que se trata de una “explícita complicidad en la continuidad de la comisión de un delito instrumentado”, ya que la acción legitima indirectamente el despojo del terreno. La Fundación exigió la remoción inmediata de los equipos y que se investigue la actuación de los empleados involucrados.
La denuncia no se limita a la responsabilidad administrativa. De acuerdo con González Schmal, la conducta de los trabajadores de CFE podría encuadrar también en ilícitos penales vinculados al uso indebido del servicio público y al favorecimiento de particulares en detrimento de la propiedad privada.
El caso mantiene tensiones legales y sociales en torno al predio Covadonga, pues la Fundación Julita y Antonio reclama la restitución plena de la superficie. La instalación eléctrica, lejos de resolver la situación, profundiza el conflicto y coloca a la CFE en el centro de la controversia.
