Israel Vallarta Cisneros, quien obtuvo sentencia absolutoria el 1 de agosto y fue liberado dos días después, rechazó que la apelación anunciada por la Fiscalía General de la República tenga sustento ético o moral.
Tras casi dos décadas preso sin sentencia, afirmó que la medida responde a una obligación técnica y que, si existieran principios de justicia, su liberación habría ocurrido años atrás. Criticó que no se investigue a los fiscales que llevaron su caso y cuestionó el silencio de las seis personas señaladas como víctimas.
El fiscal Alejandro Gertz Manero defendió que la apelación es un deber moral, ético y jurídico para proteger a seis víctimas de secuestro, incluyendo a Valeria Cheja y Shlomo Segal, cuyos casos no guardan relación con el montaje de 2005 en Las Chinitas.
Recordó que estos plagios ocurrieron antes de la diligencia “ilegal y abusiva” exhibida por Televisa y conducida por Carlos Loret de Mola, y advirtió que las víctimas no pueden quedar en estado de indefensión ni sin reparación del daño.
En el caso de Cheja, secuestrada en agosto de 2005, la joven declaró que reconoció un vehículo usado en su plagio, lo que condujo a la investigación que derivó en la detención de Vallarta.
Él sostiene que su testimonio contiene contradicciones, incluyendo el color del automóvil, y asegura que la víctima reconoció ante Jorge Volpi que el secuestro no ocurrió y que la AFI le mostró fotografías para incriminarlo.
Sobre el plagio de Segal, en 2003, el empresario lo identificó como su captor. Vallarta insiste en que la apelación debe revisarse para confirmar si se presentó en tiempo y forma.
