Naomi Sofía Figueroa Álvarez, quien trabajó en el Ayuntamiento de Guadalajara entre marzo y mayo de 2025, desató un escándalo nacional tras confesar en TikTok haber financiado el sacrificio de un perro como parte de un ritual religioso.
“Tuve que hacer un sacrificio muy grande porque le cortaron a un perro, para que me quitaran a mis enemigos del camino”, declaró durante una transmisión en vivo, en la que también promovió el culto a los Orishas y animó a sus seguidores a unirse a estas prácticas.
La confesión fue acompañada de gestos que simulan el degüello y frases de contenido amenazante. “Todos caen, y todos van a caer”, agregó.
El video se viralizó de inmediato en redes sociales bajo el #LadySatanica, provocando indignación entre usuarios y defensores de derechos animales, que exigieron sanciones legales.
El caso generó una respuesta oficial del Gobierno de Guadalajara. En un comunicado difundido el 9 de junio, el Ayuntamiento informó que Figueroa Álvarez “no forma parte de esta administración desde el pasado 31 de mayo”, fecha en que concluyó su contrato como trabajadora eventual.
La administración aclaró que su relación laboral duró 72 días, desde mediados de marzo hasta su baja. En el momento de publicarse el video, la ex funcionaria ya no tenía vínculo laboral con el municipio.
Naomi Figueroa trabajó como colaboradora especializada 7C en la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios, adscrita a la Coordinación General de Construcción de Comunidad. Según reportes de prensa, recibía un salario mensual bruto de 18 mil 400 pesos.
Pese a la gravedad de la confesión, el gobierno municipal se limitó a deslindarse y reiterar su postura de respeto a los derechos de los animales. No se informó si se presentó alguna denuncia ante la Fiscalía del Estado o si se dará vista a instancias correspondientes como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de investigar actos de crueldad animal en contextos rituales.
El Código Penal de Jalisco contempla sanciones de entre tres y cinco años de prisión para quienes incurran en actos de maltrato o crueldad animal que resulten en la muerte del animal, además de multas de hasta 113 mil pesos. Especialistas en derecho y organizaciones civiles han señalado que la confesión pública es suficiente para abrir una carpeta de investigación de oficio.
En redes sociales también circuló la versión no confirmada de que Figueroa sería hija de Susana Priscila Álvarez Hernández, funcionaria estatal cercana al gobernador Pablo Lemus y a la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo. No obstante, esa relación no ha sido reconocida oficialmente.
El escándalo no solo involucra un presunto delito de crueldad animal, sino también la banalización de elementos religiosos afroyoruba. Figueroa invocó a los Orishas como justificante de sus actos, sin contexto ni respeto por la tradición religiosa.
