Un nuevo presunto daño patrimonial por más de 2 millones de pesos fue detectado en el organismo descentralizado Industrial de Abasto Puebla (IDAP), correspondiente a irregularidades heredadas de la administración panista de Eduardo Rivera Pérez y su sustituto, Adán Domínguez Sánchez.
El hallazgo fue dado a conocer por José Ángel Minutti Lavazzi, titular del organismo, durante su comparecencia ante el Cabildo como parte del primer informe de gobierno del alcalde José Chedraui Budib.
Según el funcionario, las anomalías se detectaron a través de tickets de cobro que no fueron depositados, pagos indebidos a funcionarios y un pago de 350 mil pesos a un proveedor sin que se entregara el dinero correspondiente.
“Hasta ahora hemos identificado un daño superior a los dos millones de pesos, pero la cifra podría aumentar conforme avanza la revisión de cuentas por cobrar”, advirtió Minutti Lavazzi.
La Contraloría Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE) ya recibieron las denuncias por faltas administrativas graves y probables delitos penales derivados de estas irregularidades.
Irregularidades y abandono operativo
Durante el proceso de entrega-recepción se identificaron diversas irregularidades cometidas durante la gestión del entonces administrador general Joakim Eugenio Téllez Samperio, entre ellas el uso de tickets de inspección falsos, depósitos irregulares por más de 800 mil pesos y la omisión de ingresos en la contabilidad del rastro municipal.
El funcionario también denunció que la anterior administración dejó las bodegas en abandono, coladeras tapadas, espacios sin puertas, un cuarto de lactancia convertido en archivo y un embarcadero de cerdos en ruinas, lo que obligó a realizar una rehabilitación integral del inmueble.
ero estas declaraciones se suman a lo que ya había advertido en meses pasados, cuando dijo que, por estas condiciones, la capacidad de sacrificio del rastro se redujo 60%, al pasar de 30 mil a 18 mil cerdos mensuales, y de 9 mil a 3 mil reses, lo que provocó números rojos y obligó al municipio a inyectar 4.5 millones de pesos adicionales para mantener la operación.
Antecedentes del presunto desfalco
De acuerdo con el periodista Rodolfo Ruiz, la Contraloría Municipal inició una auditoría en marzo de 2024, las irregularidades detectadas durante la gestión de Téllez Samperio ascienden a 2.6 millones de pesos, acumuladas en un periodo de 15 meses.
El acta de entrega-recepción del OPD incluyó 86 anexos con observaciones, la mayoría sin solventar, sobre adjudicaciones de bienes, servicios e insumos, así como actas de Consejo y del Subcomité de Adquisiciones.
Téllez Samperio asumió el cargo el 3 de diciembre de 2022, designado por Eduardo Rivera, con el objetivo de subsanar las anomalías detectadas en la gestión de Miguel Ángel Estrada Calderón, quien había sido director operativo del rastro municipal en la primera administración panista (2011–2014).
En julio de 2023, el alcalde sustituto Adán Domínguez nombró a José Luis Tlachi Escobar como nuevo administrador general, quien junto al entonces director jurídico, Jorge Lerín, y la directora administrativa, Lorena Malpica, presentaron denuncias contra Téllez por abuso de funciones, desvío de recursos y daño patrimonial.
Corrupción y rastros clandestinos
Mientras estas irregularidades salían a la luz, en marzo de 2022 el gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa Huerta clausuró un rastro clandestino ubicado junto al rastro municipal, en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras.
En esa zona, vecinos denunciaron por décadas el desecho ilegal de sangre y vísceras en el alcantarillado y barrancas, lo que generaba problemas de insalubridad y contaminación.
Pese a ello, el entonces director Miguel Ángel Estrada Calderón negó que el Industrial de Abasto Puebla tuviera responsabilidad en esas prácticas, aún cuando operaban en la zona bajo su administración.
