Tannia Sánchez, quien denunció a su expareja por tentativa de feminicidio, ahora enfrenta un proceso penal por ciberacoso que impulsó su presunto agresor, luego de que ella hizo pública su querella legal en redes sociales.
Desde agosto de 2024, Tannia interpuso diversas denuncias contra Leopoldo por tentativa de feminicidio, violencia familiar, abuso de confianza, e incluso abortos forzados presuntamente causados durante la relación, que duró nueve años.
La primer amenaza de muerte fue haberle dejado una bala con una carta que decía: “La próxima es para tu cabeza, deja de chingar”.
Sin embargo, Tannia acusó que Janet Castro Mendoza, la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Abandono de Persona e Incumplimiento de la Obligación Alimentaria, rompió la cadena de custodia, saco la bala y en su lugar puso otra.
Además, acusó que en 2022 perdió a su tercer hijo a causa de un aborto, cuando acudió a la Cruz Roja Mexicana con dolor abdominal y sangrado, tras haber dado positivo a una prueba de embarazo.
La mujer ha sobrevivido al menos cuatro agresiones graves: intentos de atropellamiento, amenazas con gasolina, y ataques con arma de fuego y bate, en múltiples ocasiones dentro de su domicilio .
Debido a la supuesta sustracción de bienes por parte de Leopoldo, Tannia además enfrenta una crisis: perdió su herencia de más de 500 mil pesos, vive en situación de calle junto con su hijo menor y no puede pagar renta ni acceder a tratamiento médico urgente ya que fue diagnosticada con un tipo de cáncer.
Frente a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales en la ciudad de Puebla la noche del 1 de julio declaró temer que la encarcelen este jueves tras su audiencia de imputación, pues ya la notificaron y ve que esa carpeta de investigación avanza más rápido que la suya.
A pesar de presentar pruebas contundentes —como testimonios, documentos, videos y reportes de policía—, la Fiscalía de Puebla ha clasificado sus casos como “falta de daño”, no los judicializa y ha perdido expedientes, incluidos los médicos de Tannia, necesarios para acreditar daños físicos .

Tannia fue citada en la Casa de Justicia este jueves a las 8:00 horas, por supuestos mensajes dirigidos a Leopoldo, acusándola de enviar comunicaciones ofensivas por redes sociales, lo que se traduce en imputación por el delito de amenazas y ciberacoso. Se trata de perjuicios legales que la víctima interpreta que buscan desviar la atención de sus múltiples denuncias y obstaculizar su búsqueda de justicia.
Ella asegura que no tiene recursos para pagar un abogado que la defienda y debido a que vive en situación de calle, teme que le dicten prisión preventiva por lo que hizo un llamado a la propia titular de la Fiscalía, Idamis Pastor, para que pida a la Federación atraer su caso.
En septiembre de 2024, Leopoldo N., quien es propietario de la cadena farmacéutica Perla del Carmen, denunció a Tannia por amenazas.
El juez asignado para el caso, Aarón Hernández Chino—exhibido en una de las conferencias mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador por liberar a un cura acusado de violar a un menor de edad en 2023—resolvió que Tannia debía ser imputada por ciberacoso, delito tipificado en Puebla desde marzo de 2019.
En el artículo 278 Nonies del Código Penal del Estado de Puebla se lee: “comete el delito de ciberacoso quien hostigue o amenace por medio de las nuevas Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TICS), redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital y cause un daño en la dignidad personal, o afecte la paz, la tranquilidad o la seguridad de las personas”, con una pena de 11 meses a tres años de prisión.
En contraste, el pasado 3 de abril, tras meses de espera, se celebró la primera audiencia contra Leopoldo, acusado inicialmente de violencia familiar y Tannia ha buscado que se reclasifique como tentativa de feminicidio, pero el imputado no se presentó.
Leopoldo, quien es dueño también de una empresa de Transporte en Puebla, alegó un supuesto dolor estomacal que lo habría dejado hospitalizado en el IMSS La Margarita, lo que le habría impedido acudir. Por ello, se programó una segunda audiencia para el 5 de junio, pero nuevamente no se realizó, prolongando un historial de evasión e impunidad.
