La diputada local de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil advirtió que, de comprobarse que el síndico Iván Cuautle Minutti es responsable de corrupción, respaldará la destitución solicitada por el Cabildo de San Pedro Cholula.
La legisladora señaló que el Ayuntamiento que encabeza Tonantzin Fernández Díaz luce dividido y que se actuó con lentitud, lo que permitió que el conflicto escalara.
“Es una situación que se debió contener rápido, para evitar que más grupos se involucraran y se saliera de control”.
Ahora, ante la decisión del Cabildo de solicitar al Congreso del Estado una investigación y en su caso determinar la revocación del síndico dijo que deberá convocarse a una sesión extraordinaria para que se dé seguimiento al proceso.
“Lo que no se debe permitir de ninguna manera son este tipo de situaciones. Si alguien del gobierno municipal estuvo involucrado con la agrupación que violentó a los locatarios, debe haber consecuencias”.
Además, criticó que Cuautle Minutti haya abandonado las oficinas de la Sindicatura y dejado a cientos de ciudadanos sin servicios.
A su vez, el diputado Andrés Villegas Mendoza sugirió a la presidenta municipal de San Pedro Cholula a no ser “soberbia” y escuchar a todos los locatarios que han señalado irregularidades tras la irrupción en el mercado, pues dijo que esto solucionará los conflictos y evitará la intervención del Estado.
“En el ejercicio del poder la soberbia no cabe, si te vuelves soberbio pierdes el piso, y la soberbia es una enfermedad como el alcoholismo; todo mundo te dice que estás enfermo y no te das cuenta, tú dices que estas bien, ese es el primer paso. Ella tiene que escuchar a todos”.
El legislador y presidente del Consejo Estatal de Morena, sugirió a la alcaldesa sentarse con todos y establecer un verdadero diálogo, pues dijo que esto será la clave para mejorar la gobernabilidad de sus municipio.
“Muchas cosas se arreglan solo con que los escuchen y que tomen una decisión, sino va a entrar Gobernación estatal y va a resolver el tema y al final es una responsabilidad municipal”.
Confió en que este conflicto no se “le salga de las manos” a la presidenta, pues consideró que los habitantes de uno de los municipios más importantes del estado merecen un diálogo abierto y acercamiento con sus autoridades.
Recientemente, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), José Luis Figueroa, adelantó que el caso podría derivar en una sesión extraordinaria del Congreso local, con el fin de evitar un posible escenario de ingobernabilidad en el municipio.
“El asunto requiere atención puntual. Estamos preparados para sesionar de manera extraordinaria si es necesario emitir una resolución”.
En entrevista detalló que una vez que el Congreso reciba la solicitud, esta será turnada primero a la Comisión Permanente, posteriormente a comisiones dictaminadoras y, eventualmente, podría discutirse en el Pleno.
En medio de este conflicto, el síndico Iván Cuautle anunció que presentará denuncias penales contra varios funcionarios municipales, incluyendo al contralor, por presuntos desfalcos, uso indebido de funciones y obstrucción de labores. Lo anterior, tras ser separado del cargo por decisión del Cabildo, al que acusó de actuar bajo presiones y presuntos actos de corrupción.
Cuautle señaló directamente a la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, de orquestar una campaña en su contra con el objetivo de removerlo del cargo, mediante el supuesto pago de sobornos a regidores y la entrega de beneficios personales.
“Se ha filtrado que cubre facturas de comida para regidores y otorga descuentos ilegales en permisos, como ocurrió con el regidor Roberto Morán. Además, selló mis oficinas, cortó la luz; es parte de una campaña negra en mi contra”.
Aseguró que la solicitud para su sustitución es una represalia por haberse opuesto a presuntas irregularidades dentro de la administración municipal, por lo que recurrirá a las instancias legales para defender su cargo y esclarecer los hechos.
Precisó que las denuncias incluirán los delitos de uso indebido de funciones, obstrucción de los servicios en la Sindicatura, y diversas anomalías detectadas en el manejo de recursos públicos por parte de la Contraloría municipal.
