El agua dejó de ser un asunto silencioso. En las últimas semanas, miles de ciudadanos han comenzado a denunciar la extracción ilegal y la venta clandestina de agua en distintas regiones del país. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que ha recibido más de mil quinientas denuncias, la mayoría provenientes de Puebla, Tehuacán y otras zonas agrícolas del centro de México, donde la escasez convive con un mercado negro que comercia el líquido fuera de toda norma.
Efraín Morales, director general de Conagua, explicó que estas denuncias son producto del nuevo portal digital app.conagua.gob.mx/podal, una plataforma que permite reportar pozos clandestinos, desvíos de uso y venta irregular en pipas. “Las denuncias pueden ser anónimas y cada caso se atiende con rapidez. Establecemos contacto telefónico con los denunciantes para dar seguimiento hasta que se concluyen las verificaciones”, precisó el funcionario.
La medida forma parte del proceso de ordenamiento de concesiones que impulsa la administración federal en el marco de la propuesta de nueva Ley General de Aguas. El diagnóstico inicial es contundente: solo 20 por ciento de las concesiones existentes paga los derechos correspondientes, mientras que un amplio sector opera sin control, con permisos vencidos o en ubicaciones irregulares.
En la revisión de 536 mil títulos de concesión se detectaron anomalías de todo tipo: predios registrados en el mar, permisos agrícolas utilizados para el negocio de pipas y concesiones que nunca fueron actualizadas. Con base en esa revisión, Conagua ha iniciado más de cuatro mil procedimientos de verificación y un alto porcentaje de ellos concluye con sanciones.
Morales explicó que la nueva legislación busca fortalecer la autoridad del Estado en la distribución del recurso, garantizar la transparencia en el otorgamiento de permisos y, sobre todo, restituir el carácter público del agua. “El corazón de esta iniciativa es reconocer que el agua no es una mercancía, sino un derecho humano y un bien estratégico de la nación”, afirmó.
Los foros de Parlamento Abierto que se desarrollan en varios estados han recogido demandas específicas: la prohibición de privatizar los servicios de agua y saneamiento, la reestructuración de los consejos de cuenca —hoy dominados por grandes usuarios— y la auditoría de los distritos de riego, donde se sospecha de corrupción y uso discrecional de los recursos.
De acuerdo con Conagua, los sistemas de riego operan bajo esquemas autogestivos, pero la falta de supervisión ha permitido abusos. Por ello, la iniciativa plantea que la autoridad federal acompañe los reglamentos internos de distribución para garantizar una asignación equitativa. “No se trata de quitar autonomía, sino de evitar que el agua se reparta en función del poder económico”, explicó Morales.
El nuevo marco legal también prevé la creación del Registro Nacional de Aguas, una base digital pública que concentrará todos los trámites, con registro de cada paso administrativo y del funcionario responsable. La trazabilidad será el eje de la transparencia. “Queremos que cualquier ciudadano pueda consultar quién autorizó una concesión, en qué fecha y bajo qué condiciones”, subrayó.
Asimismo, se constituirá un Fondo de Agua en el que participarán las secretarías de Economía, Hacienda, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para definir proyectos estratégicos y nuevas concesiones bajo criterios colegiados. Con ello, el gobierno busca eliminar la discrecionalidad y asegurar que los beneficios del desarrollo lleguen primero a las comunidades y no a los intermediarios.
El fenómeno del mercado negro del agua no es nuevo. En Tehuacán y la región del Valle de Puebla, colonias enteras dependen de pipas vendidas a precios exorbitantes, muchas de ellas cargadas con líquido extraído de pozos ilegales. Las denuncias ciudadanas han permitido detectar redes completas de distribución paralela que operaban sin control.
“Estamos cerrando el paso a esas prácticas. La ciudadanía es nuestro principal aliado”, afirmó Morales. Las inspecciones en curso confirman una tendencia: los usos agrícolas autorizados para riego terminaban desviando parte del volumen a la venta privada, mientras que otras concesiones inactivas se rentaban de manera irregular.
La nueva Ley General de Aguas se discute en la Cámara de Diputados como parte de los foros de Parlamento Abierto. Su eje central es devolver al Estado la conducción del sistema hídrico, garantizar el acceso humano y asegurar la sustentabilidad a largo plazo. En el fondo, se trata de terminar con la impunidad y la especulación en torno al agua, una de las fuentes más sensibles para la soberanía nacional.
