La acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de fiscales federales en Nueva York, provocó una reacción inmediata del gobierno de Estados Unidos, que reafirmó su postura de perseguir redes de corrupción ligadas al narcotráfico.
El embajador Ronald D. Johnson señaló que las imputaciones —que incluyen tráfico de drogas y posesión de armas de alto poder— serán atendidas bajo el marco legal estadounidense, al tratarse de delitos con impacto directo en su territorio.
El funcionario enfatizó que la corrupción que facilite las actividades del crimen organizado no quedará impune y será procesada siempre que exista jurisdicción, en referencia a los señalamientos de colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Las investigaciones apuntan a una red integrada por funcionarios y exfuncionarios, presuntamente vinculados con el trasiego de sustancias como fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos, lo que podría derivar en condenas de hasta 40 años o más.
En México, el propio Rocha Moya negó las acusaciones y las atribuyó a motivaciones políticas, mientras que autoridades federales informaron que ya se analizan las solicitudes de extradición recibidas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El expediente también es relevante en el contexto de la cooperación bilateral, ya que pone a prueba los mecanismos de coordinación entre ambos países frente al crimen organizado y la corrupción de alto nivel.
El caso continúa en desarrollo y se prevé que genere repercusiones tanto en el ámbito político como en la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.
