En una operación discreta, pero de alto impacto, autoridades federales detuvieron en este municipio poblano a Eduardo N., exfuncionario y colaborador cercano de Genaro García Luna, uno de los principales símbolos de la corrupción en el aparato de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
La detención estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y fue confirmada horas después por Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la dependencia, mediante un mensaje en video difundido en redes sociales.
De acuerdo con la FGR, Eduardo N. enfrenta cargos por peculado y delincuencia organizada, delitos que presuntamente facilitaron operaciones con recursos de procedencia ilícita durante su paso por el sistema penitenciario federal.
El juez de la causa impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Eduardo Enrique Gómez García formó parte del círculo operativo de García Luna entre 2006 y 2012, periodo en el que se desempeñó como comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), instancia responsable de la administración de los penales federales.
Según las investigaciones ministeriales, entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, el exfuncionario suscribió contratos de servicios para distintos centros federales de readaptación social, mediante los cuales se habría orquestado el desvío de aproximadamente cinco mil millones de pesos destinados a infraestructura penitenciaria.
El nombre de Eduardo N. ya figuraba en el radar de las autoridades. En junio de 2023, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, reveló que se investigaban sus vínculos con la adjudicación irregular y el manejo de la exhacienda de Rijo, ubicada en el municipio de Tilapa, Puebla.
Actualmente, Eduardo N. se encuentra entre los 61 objetivos prioritarios con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, una lista que incluye a excolaboradores, familiares y empresarios señalados como integrantes de la red que habría operado el saqueo sistemático de recursos públicos durante la pasada administración federal.
