Presumió en todas partes que los éxitos de su gestión permitieron que San Andrés Cholula fuera el único gobierno de la oposición en la zona metropolitana que retuviera el poder. Eso lo llevó a autonombrarse como uno de los principales líderes del PAN en el estado y hoy, junto con la alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres, sueña con apuntalar el proyecto con miras a la gubernatura.
Para desgracia de Edmundo Tlatehui Percino, la Auditoría Superior del Estado tiene otros datos sobre su paso por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula.
Información que destapa el cochinero financiero de esa administración, la cual derivó en que durante sus dos primeros años de gobierno, más de 30 por ciento del presupuesto que pasó por sus manos, terminó con señalamientos por el presunto mal uso de recursos públicos y sospechas de quebranto patrimonial.
Según los informes de la ASE, en 2022 el Ayuntamiento de San Andrés Cholula tuvo un presupuesto de egresos aprobado de 862.1 millones de pesos, de los cuales se auditó una muestra de 58.36 por ciento.
Aun así, la dependencia detectó 10 irregularidades que representaron un posible daño patrimonial en conjunto por más de 230.7 millones de pesos, es decir, 26.75 por ciento del presupuesto total aprobado de ese año presentó observaciones graves.
Pero lo peor vino un año después: en 2023, el presupuesto autorizado subió a 965.8 millones de pesos y la ASE auditó 85.17 por ciento de los recursos susceptibles de revisión.
El resultado fue escandaloso: 82 diferentes irregularidades y un presunto daño patrimonial de 365.8 millones de pesos, lo que representó 37.86 por ciento del presupuesto total aprobado al panista.
Sumando ambos ejercicios fiscales, el gobierno de Tlatehui acumuló más de 596 millones de pesos en presunto daño patrimonial, lo que equivale a 32.25 por ciento del presupuesto total aprobado en dos años. En otras palabras, casi uno de cada tres pesos que el Cabildo autorizó gastar, terminó bajo la lupa de la ASE.
Además, en solo dos años, los señalamientos por malos manejos pasaron de 10 a 82, lo que significa que, de un año a otro, las observaciones por presunto daño patrimonial incrementaron ocho veces.
El daño patrimonial
De acuerdo con la ASE, el gobierno de Tlatehui Percino, en 2022 no logró justificar debidamente los gastos en rubros como servicios generales, subsidios y ayudas sociales, así como materiales y suministros, al presentar documentación incompleta, desordenada y carente de los comprobantes mínimos exigidos por la ley.
Uno de estos casos es el correspondiente a servicios generales, donde se presume un probable daño por más de 104 millones de pesos debido a la falta de claridad sobre qué documentos sustentan cada gasto y a la omisión de pólizas contables, autorizaciones presupuestales, facturas y evidencia de pago.
Al igual, se detectó un daño patrimonial relacionado con subsidios y ayudas sociales por 54 millones de pesos. En este caso, además de carecer de documentación básica, el Ayuntamiento cholulteca no presentó criterios claros para seleccionar beneficiarios ni actas de Cabildo que avalaran los apoyos. Tampoco hubo pruebas de que los recursos llegaran efectivamente a la población objetivo, lo que levantó sospechas sobre su posible desvío.
Otro ejemplo es que la Auditoría detectó irregularidades similares en materiales y suministros: artículos de construcción, productos químicos y farmacéuticos, refacciones, entre otros, generaron un posible daño por un monto estimado de 46 millones de pesos.
Esto debido a la falta de organización documental y la omisión de comprobantes fiscales que impidieron verificar la legalidad y el destino de los recursos. En los tres casos, el Órgano Interno de Control no intervino oportunamente, al reconocer que las observaciones no formaron parte de su muestra.
La historia se repitió y agravó en la Cuenta Pública 2023. Por ejemplo, a pesar de haber recibido una prórroga para solventar observaciones relacionadas con el ejercicio fiscal de ese año, el gobierno de Tlatehui no logró justificar el destino de más de 38 millones de pesos de la contratación de servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, incluyendo asesoría psicológica y acompañamiento a mujeres en situación de violencia a través de la empresa BDTC Consultores SA de CV.
Para ello, el Ayuntamiento presentó documentación como contratos, CFDI, pólizas contables, actas de entrega y oficios de justificación. Sin embargo, la ASE solo consideró solventado un monto de 698 mil pesos, y 38 millones quedaron sin aclararse.
Las principales anomalías detectadas fueron la falta de motivación en los dictámenes de excepción a licitación pública, es decir, no se explicó por qué no hubo una convocatoria abierta para contratar dichos servicios. Además, no se presentaron avisos a la Contraloría Municipal, ni evidencia de que los servicios contratados se hayan llevado a cabo efectivamente.
La ASE también observó posibles irregularidades en la licitación de combustibles, lubricantes y aditivos, donde se detectaron 62 pólizas de registro contable sin documentación justificativa suficiente.
A pesar de que el 5 de diciembre de 2024 se notificaron las observaciones y tras concederle una prórroga para responder, el gobierno de Edmundo Tlatehui únicamente entregó un oficio firmado por la Contralora municipal y omitió presentar pruebas claras que solventaran las inconsistencias detectadas, por lo que aquí se consideró un probable daño patrimonial de 32.3 millones de pesos.
Otros rubros que causaron posible daño patrimonial fueron en el rubro de “gastos de orden social y cultural” por 25.1 millones, “difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” por 18 millones, 17.9 millones por “vehículos y equipo de transporte”, así como 14.9 millones de pesos en “ayudas sociales a personas”, siendo estos los montos más elevados.
