En menos de siete días, San Andrés Cholula vivió una racha de violencia que exhibió otra vez el descontrol en materia de seguridad pública dentro del municipio gobernado por la alcaldesa Guadalupe Cuautle.
Tan sólo durante la última semana, se registró un asalto tan violento como impune en pleno acceso a San Andrés, lo que siguió con agresiones repetidas contra repartidores y artesanos en el Centro Histórico y terminó con la denuncia de un regidor que exigió explicaciones por 77 millones de pesos subejercidos en un presupuesto que presume haber gastado 43 millones en “capacitación policial”.
El episodio más grave ocurrió a plena luz del día, dentro de una sucursal bancaria ubicada en Plaza Pabellón, la puerta de entrada al municipio. Ahí, alrededor de las 15:19 horas, dos hombres entraron directamente a atacar a un cuentahabiente de aproximadamente 60 años que había acudido a realizar una operación.
Sin decir palabra, uno de los delincuentes lo golpeó en la cabeza con la cacha de un arma y le arrebató una bolsa con 400 mil pesos en efectivo. De paso, despojaron a otro cliente de su cartera y escaparon en segundos.
Las cámaras captaron a los agresores: uno, delgado y vestido de negro; el otro de complexión media y ropa oscura. Aun así, el operativo que desplegó el Ayuntamiento de San Andrés Cholula terminó sin detenidos.
Este no fue un hecho aislado, toda vez que el 11 de noviembre pasado, otro cuentahabiente fue despojado de la cantidad de 63 mil pesos en efectivo tras haber retirado el dinero de una sucursal de Banbajío en San Andrés Cholula.
Mientras los asaltos crecen, el centro de San Andrés Cholula enfrenta otro brote de violencia que vecinos aseguran se ha vuelto cotidiano. Y es que, según difundió el medio de comunicación “Cholula la bella”, repartidores de plataformas y artesanos están siendo golpeados por sujetos que les exigen pagos para dejarlos trabajar.
El caso más reciente ocurrió frente a Mina Marina, en la 14 Poniente 116, donde un repartidor fue agredido a plena vista de los vecinos.
De acuerdo con la versión, los colonos afirman que ya han pedido apoyo policial en múltiples ocasiones, pero las patrullas no llegan, a pesar de que los ataques ocurren a metros del propio Ayuntamiento.
Por otro lado, San Andrés Cholula registra un repunte sostenido de violencia durante la administración de la alcaldesa Lupita Cuautle. Entre enero y octubre de este año se acumularon 2 mil 999 delitos, un incremento del 9.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 2 mil 728 casos.
Mientras los temas de violencia se multiplican en San Andrés Cholula, uno de los puntos que distintos sectores comenzaron a señalar es el historial del responsable de la seguridad municipal: Luis Flores Fierros, un personaje cuya trayectoria en cuerpos federales estuvo marcada por señalamientos y vínculos con antiguos operadores de Genaro García Luna.
Aunque su nombre pasó desapercibido durante meses, documentos y testimonios recopilados en investigaciones federales lo colocan como parte del círculo cercano de la estructura que durante años operó desde la Policía Federal al amparo del entonces secretario de Seguridad Pública federal, de acuerdo con lo descrito por el periodista Ignacio Juárez, en el reportaje “Luis Flores, San Andrés y los estertores del cártel de García Luna”.
Pese a ello, la administración de la alcaldesa Guadalupe Cuautle decidió mantenerlo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, incluso después de que en otros estados su paso dejó registros de disputas internas, denuncias y acusaciones de corrupción.
Flores Fierros no es un improvisado. En menos de un lustro pasó de subinspector a posiciones estratégicas dentro de áreas dedicadas al combate al narcotráfico y a operaciones encubiertas.
Sin embargo, varios de esos nombramientos estuvieron acompañados de episodios que, con el paso del tiempo, se convirtieron en parte de las averiguaciones abiertas contra la red de funcionarios que trabajaban bajo el esquema operativo del llamado “Cártel de García Luna”.
Uno de los casos más citados ocurrió en 2023, cuando Flores Fierros fue separado de su cargo por participar junto con un grupo de agentes en un operativo irregular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Aquella intervención, realizada sin autorización formal y con armas de alto poder, violó protocolos de seguridad y culminó con el despido de los responsables. Aun así, su carrera no se detuvo.
Años después, su nombre volvió a aparecer en testimonios dentro del caso Ayotzinapa. Un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República lo ubicó dentro de la estructura que participó en la captura de presuntos implicados y en la operación que “cuadraba” detenciones para sostener la narrativa de la llamada “Verdad Histórica”.
Aunque nunca se precisó la naturaleza exacta de sus instrucciones, su presencia en la cadena de mando quedó asentada. Pese a ese acumulado de controversias, en 2023 reapareció en Puebla. Primero en el cierre del gobierno de Edmundo Tlatehui y después ratificado por Lupita Cuautle.
De acuerdo con funcionarios conocedores de la vida interna del Ayuntamiento, su llegada habría sido impulsada por Héctor Hernández Sosa, operador político con influencia sobre varias áreas estratégicas de la administración panista.
Subejercicio cholulteca
Como si las acusaciones de inseguridad no fueran ya críticas, el regidor Raymundo Cuautli prendió el pasado viernes una nueva alarma en el Cabildo: el presupuesto de este año evidencia un subejercicio de 77 millones de pesos en servicios profesionales y técnicos, justo en el rubro destinado a fortalecer a la policía.
Según expuso el regidor, las cifras correspondientes a “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios” dejan abiertas preguntas sobre el destino final de los recursos pues este rubro inició el año con una asignación de 125.4 millones de pesos que después recibió una ampliación de 1.9 millones.
No obstante, explicó que al 30 de septiembre únicamente aparecen devengados 49.4 millones -de los cuales 44 millones fueron en capacitaciones-, mientras que la diferencia de 77.7 millones permanece sin explicación concreta.
El problema, apuntó Cuautli, es que la autoridad no ha precisado qué empresas están vinculadas, qué tipo de capacitaciones fueron contratadas ni por qué no se han aplicado en los primeros tres trimestres del año.
Las dudas sobre el gasto aumentan debido a que el subejercicio no se limita a un solo capítulo. Al corte del tercer trimestre del año, el Ayuntamiento reporta 592.4 millones pagados frente a un subejercicio total de 558.2 millones, prácticamente la mitad del presupuesto aprobado para 2025, que asciende a mil 151.5 millones.
El regidor apuntó que el Ayuntamiento de Lupita Cuautle pretende gastar más de 550 millones en los últimos meses, lo que es reflejo de la falta de planeación y de transparencia.
«Es inadmisible que en nueve meses hayan ejercido solo la mitad del presupuesto y que de pronto pretendan gastar más de 550 millones en el último trimestre. Eso no es planeación, es opacidad», señaló.
