En un nuevo giro en su estrategia para meter en cintura a Agua de Puebla para Todos, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que junto con la Comisión Nacional del Agua revisan una serie de alternativas legales para obligar a la empresa a cumplir con las proyecciones de inversión en infraestructura pactadas en el título que concesión.
Si bien el mandatario volvió a poner sobre la mesa el tema de la concesión otorgada, reconoció que su cancelación no es un trámite sencillo: el cálculo oficial es que un eventual retiro del contrato podría costar alrededor de 10 mil millones de pesos, cifra que coloca al Estado en un dilema financiero y jurídico.
“Es muy fácil decir: quítenle la concesión, pero estamos hablando de un proceso judicial. Solo la cancelación costaría lo mismo que nos salió el Museo Barroco”.
Armenta reconoció que existe un fuerte reclamo ciudadano por anular la concesión debido a las fallas constantes en el suministro y al aumento en las tarifas, sin embargo, manifestó que su administración no puede actuar “por decreto” ni de manera precipitada.
Señaló que hoy muchos actores políticos exigen que se revierta el contrato, pero en 2013 guardaron silencio cuando se entregó el servicio a particulares durante la gestión de Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera Pérez.
Armenta recordó que durante administraciones pasadas existieron vínculos directos entre la concesionaria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que frenó cualquier intento de proceder en su contra.
Mencionó incluso que la gestión de la expresidenta Norma Piña dejó a Puebla con una deuda de 3 mil millones de pesos al gobierno de Puebla por proyectos que nunca se concretaron, prueba de que desde la Corte se favoreció a litigios de particulares antes que los recursos para la población.
Aunque no fijó plazos para revertir la concesión, el gobernador aseguró que ya se revisan alternativas legales con Conagua para alcanzar un acuerdo para obligar a la concesionaria a cumplir con las proyecciones de inversión en infraestructura. En este proceso, apuntó, deberán intervenir la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Poder Judicial y la Consejería Jurídica del Estado.
“Si hoy hiciéramos un procedimiento, tal vez, yo estoy seguro de que la Suprema Corte de Justicia actuaría distinto a cómo actuó la corrupta expresidenta de la Suprema Corte, la señora Piña, que dejó a Puebla con una deuda que estamos litigando de 3 mil millones de pesos de obras inexistentes”.
