Desde el Museo de la Constancia Mexicana, el gobernador Alejandro Armenta se detuvo frente al micrófono y antes de dar por inaugurado el Tercer Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado, soltó una frase que resumió la problemática: “Cuando profundizas en las rutas del lavado de dinero se pisan intereses, hablar de ello lastima a quienes ven en la corrupción una actitud cotidiana”.
El comentario no fue casual. En un país donde los casos de desvío de recursos públicos, triangulación financiera y empresas fantasma han sido constantes, el mandatario expresó que hablar abiertamente del lavado de dinero sigue siendo una conversación incómoda.
Por ello, durante dos días, la entidad se convertirá en sede de uno de los encuentros más relevantes sobre delitos financieros, con la participación de representantes de unidades estatales de inteligencia, académicos, empresarios y especialistas en materia antilavado.
El objetivo, según la Fiscal Idamis Pastor y el gobernador Alejandro Armenta, es mejorar los mecanismos de cooperación y las estrategias para frenar el flujo de dinero ilícito que se mueve silenciosamente a través de instituciones, empresas y gobiernos.
“Cuando profundizas en las rutas del lavado de dinero se pisan intereses, hablar de ello lastima a quienes ven en la corrupción una actitud cotidiana. Así es que, como gobierno del estado estamos obligados a demostrar que no es una posición demagógica y nuestra misión es todos los días”, expuso Armenta.
El gobernador aprovechó su intervención para reconocer el trabajo de la fiscal Idamis Pastor Betancourt, a quien atribuyó haber emprendido una depuración interna dentro de la Fiscalía General del Estado.
“Ha estado realizando un esfuerzo extraordinario de depuración, nosotros de la misma forma en el Estado, no se elimina la corrupción por decreto, hay que combatirla permanentemente”, dijo.
Idamis Pastor advirtió que el lavado de dinero no solo afecta las finanzas públicas, sino que “descompone los valores públicos y debilita al Estado desde dentro”, algo que llamó la “delincuencia económica”.
“Este tercer Congreso Nacional es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso colectivo, de fortalecer el estado de derecho. Porque el combate al lavado de dinero no sólo se libra en los tribunales o en las fiscalías, también en la conciencia de quienes servimos al país”, apuntó.
Neri Toshiro León Sauza, presidente de la Unidad Nacional Antilavado, reconoció que Puebla se convirtió en un referente en el tema y sostuvo que la lucha contra la corrupción “debe ser un esfuerzo compartido entre gobierno, sector privado y sociedad”.
En la entidad, los esfuerzos por combatir el lavado de dinero ya apuntan hacia distintas figuras políticas. Dos casos recientes son el de Juan Lira Maldonado, E Moco y Nazario Ramírez Ramírez, empresario de Oriental que fue detenido y está ligado a la facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el caso de Juan Lira Maldonado, excandidato a la alcaldía de Chignahuapan, la investigación escaló luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negara su amparo para no ser imputado por “uso de recursos de procedencia ilícita”, es decir, lavado de dinero. Mientras tanto, aunque hay órdenes de aprehensión, la FGE ha confirmado que El Moco se encuentra prófugo tras varios cateos.
Otro expediente es el de Nazario Ramírez Ramírez, originario del municipio de Oriental, Puebla, quien fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército Mexicano, acusado de operar para el CJNG en Puebla y Jalisco, con actividades que incluyen extorsión y tráfico de drogas, así como presunto lavado de dinero.
Lo llamativo: su cercanía pública con el alcalde local, Fidel Flores Concha, quien lo presentó como “colaborador” durante su primer informe de gobierno.
En Puebla, el delito de lavado de dinero, legalmente conocido como “operaciones con recursos de procedencia ilícita” se castiga de 5 a 15 años de cárcel, según el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, mientras que, si el responsable es servidor público, la pena puede duplicarse con hasta 30 años de prisión.
También se pueden imponer multas de mil a 5 mil días, que equivale aproximadamente de 108 mil a 540 mil pesos, según el valor actual de la UMA que es de 108.57 pesos.
