Nació con la intención de construir aulas y escuelas dignas, pero con los años, el CAPCEE —Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos— se convirtió, en palabras del gobernador Alejandro Armenta, en una institución “de saqueo”. Esa etapa, aseguró, llegó a su fin.
“Quiero anunciarles que el CAPCEE va a desaparecer. Ya lo sabe Carlos (Ochoa). Ha sido una institución, con todo respeto, de saqueo. O ponemos orden, o seguimos cerrando los ojos”, lanzó el mandatario poblano.
Con esta frase, Armenta anunció el final de un modelo que, aseguró, drenó recursos públicos bajo el disfraz de infraestructura escolar. Por tanto, El CAPCEE será sustituido por una nueva figura: una Subsecretaría de Construcción de Espacios Educativos, adscrita directamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Entonces que ese dinero sirva a los padres de familia, los maestros, para cumplir con los protocolos constructivos que implica, se cumplan por la seguridad de los alumnos y de los maestros”, expuso.
El mandatario lamentó que bajo el modelo anterior solo se atendieran unas pocas decenas de escuelas por año, mientras en Puebla existen más de 14 mil planteles educativos.
“¿Ya basta, no? Si seguimos igual, cada año solo habrá 50 escuelas beneficiadas. Yo quiero atender a las 14 mil. Cuando trabajamos con el pueblo, el dinero rinde”, afirmó.
Armenta Mier indicó que un modelo que privilegia el uso eficiente de los recursos es el programa de Obra Comunitaria, en el que este año el gobierno estatal invirtió mil millones de pesos y que ya prepara un presupuesto de 2 mil millones de pesos para el próximo.
Por tanto, también ironizó sobre los sobrecostos en obras menores, comparando algunos proyectos escolares con magnas construcciones internacionales.
“Si yo mando a los que hicieron el Canal de Panamá a que pongan un techo, ¿cuánto nos va a costar? Solo el estudio ya va a salir carísimo. ¿A poco no hay arquitectos que sepan construir aulas? Hay muchísimos”, lanzó con sarcasmo.
Desvío millonario en el CAPCEE
La respuesta del mandatario se da luego de múltiples acusaciones por gobiernos panistas que utilizaron el CAPCEE como modelo de negocio. Durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, se identificó un presunto desvío de más de mil 600 millones de pesos mediante la utilización de 28 empresas fantasma.
Estas compañías, muchas de ellas constituidas con el aval de notarios públicos y con domicilios fiscales inexistentes o irregulares, recibieron contratos para obras que no construyeron.
En 2020, se reveló la existencia de aproximadamente 170 escuelas que fueron reportadas como construidas, pero que en realidad nunca se edificaron.
Estos proyectos inexistentes representaron un desvío de alrededor de 175 millones de pesos y el entonces gobernador Miguel Barbosa indicó que estos fondos fueron entregados a altos mandos del morenovallismo.
Además, investigaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectaron el uso de empresas fantasma y facturas falsas para justificar obras no realizadas, donde se estima que más de 900 proyectos educativos fueron reportados como completados, pero en realidad no existían.
Por otro lado, funcionarios del CAPCEE fueron vinculados a proceso por ejercicio indebido de funciones en el proyecto “Desarrollo Turístico Ferroviario Museo del Ferrocarril-Cholula”, entre ellos José Guadalupe N, encargado de la Dirección Administrativa, y Antonio N, director Jurídico, por suscribir contratos sin autorización de la junta de gobierno.
Además, los exfuncionarios Jorge Benito Cruz Bermúdez, Gustavo Guzmán Fernández, Diego Corona Cremean y Rodolfo Coronel García León, fueron denunciados penalmente por el presunto desvío de 300 millones de pesos.
