Los directores de Agua de Puebla de Para Todos, Jordi Bosch, y del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), Gustavo Gaytán Alcaraz, acudieron al Congreso del estado para reconocer su incapacidad para cumplir con su obligación legal de dotar a 1.7 millones de usuarios de un tandeo mínimo de cuatro días a la semana.
La pareja responsabilizó, de entrada, al gobierno del estado de no atender o solucionar “conflictos sociales” en los municipios de Xoxtla, Cuautlancingo y Coronango, en donde pobladores se oponen a la perforación de pozos, lo que impide extraer 300 litros por segundo que serían enviados a la capital poblana.
Un segundo responsable, dijeron ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es la Comisión Nacional del Agua, en donde se encuentran detenidos diferentes trámites —algunos desde 2023— para la reasignación de 29 millones de metros cúbicos.
Y el tercer factor que llevó al incumplimiento de dotación de agua cuatro días a la semana es la caída en la producción de agua a consecuencia de la sobreexplotación del acuífero del Valle de Puebla. La falta de intervención de los municipios para regular la aparición de fraccionamientos y desarrollo inmobiliarios generaron una pérdida de 7 millones de metros cúbicos.
“Tenemos tres cuestiones principales. La primera tiene que ver con la falta de oportunidad e incumplimiento que no hemos logrado como gobierno resolver los conflictos en las demarcaciones de Xoxtla, Cuautlancingo y Coronango para poder hacer las perforaciones que se necesitan y traer 300 litros por segundo a esta ciudad”, aseveró Gustavo Gaytán.
Durante la comparecencia de casi tres horas, los principales reclamos de los diputados locales se centraron en las quejas por la falta de calidad de agua, el excesivo burocratismo del Soapap para atender las denuncias ciudadanas, la dudosa capacidad del organismo para obligar a la empresa a cumplir con el contrato, la opacidad para entregar información sobre los acuerdos y en exigir una explicación sobre el incumplimiento de Agua de Puebla para Todos para dotar a las colonias que se encuentran en la zona de cobertura de agua potable por lo menos cuatro días a la semana.
Esta última obligación, explicó la priista Delfina Pozos Vergara, quedó establecida en el Segundo Convenido Modificatorio del Título de Concesión, en donde se puso como fecha de cumplimiento para 2024. Sin embargo, ahora existe una nueva modificación y el plazo se amplía hasta 2027.
“Es ilógico: en lugar de exigirle a la concesionaria, ahora resulta que les amplían el plazo”, fustigó la priista.
La diputada local del Partido Verde María Fernanda Barrera Angón fue un paso más allá y exhibió el doble juego de Gustavo Gaytán como encargado de vigilar a la empresa concesionaria. Recordó que hace un año, cuando también comparecieron los responsables de ambas instancias, solicitó “información puntual y verificable sobre el cumplimiento del título de concesión”, ya que era la única forma de saber si Agua de Puebla “ha cumplido o no con el contrato, es conociendo cada cláusula, cada obligación y cada resultado”.
A pesar de que el director del Soapap estaba obligado legalmente a responder en un termino de 15 días hábiles, la información fue entregada mucho tiempo después y “cuando finalmente llegó… se presentó un documento que, sí, enumera las cláusulas, pero al llegar al apartado de inversiones comprometidas, lo que encontramos fue señalar obras ‘en proceso’, sin especificar cuáles, sin precisar dónde, sin señalar los montos ni las fechas de conclusión”.
Y sentenció: “Sin esa información, no se puede hablar de cumplimiento, ni de incumplimiento. Porque el Soapap no ha cumplido con su función de verificar y supervisar el desempeño de la concesionaria”.
Luego, reveló que a principio de este año remitió más de 60 oficios al organismo para conocer las causas de por qué ese mismo número de colonias del distrito local 17 no recibían la dotación de agua cuatro veces a la semana, pese a que la empresa está obligada por ley a cumplir con ese abasto.
“Hasta hoy, no ha habido respuesta. No sabemos si es omisión del Soapap, si es falta de colaboración de la empresa, o si simplemente nadie quiere asumir su responsabilidad”, fustigó.
Otro más en colocar en la picota al director del Soapap y a la empresa concesionaria fue el diputado local de Morena Julio Huerta, quien advirtió que derivado de la información que proporcionó el organismo y la concesionaria previo al encuentro solo “se confirma” que existe “una repetición constante de errores, decisiones de inversión cuestionables, administración sin rumbo claro y una falta evidente de capacidad para revertir la crisis” que enfrente el organismo.
Estamos dispuestos, puntualizó, “a corregir y replantear lo que no ha funcionado y enfrentar los errores heredados, pero para hacerlo se necesita claridad, voluntad política y, sobre todo, compromiso con la verdad. El gobernador Armenta ha señalado su preocupación sobre lo que representa hoy el Soapap: una estructura financieramente comprometida, socialmente cuestionada y técnicamente insuficiente.
“Antes que él, el exgobernador Miguel Barbosa advirtió sobre los intereses opacos y las proyecciones irreales que sustentaron esta concesión”.
Así pues, cuestionó que, con el inicio de la concesión de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, el Soapap tendría un fondo para pagar la deuda de varios miles de millones contraída por diferentes gobiernos, pero eso nunca se cumplió. Es más, abundó, mensualmente el gobierno del estado debe erogar 18 millones de pesos para liquidar los pasivos y lo tendrá que hacer hasta julio de 2028.
Uno de los argumentos para justificar la ausencia del fondo para pagar la deuda fue la baja eficiencia en la recaudación, pero esa variante nunca fue prevista en el modelo financiero y la deuda sigue ahí.
“La concesionaria no pierde, pierde el estado, pierde el pueblo”, criticó.
La deuda
En sus diferentes intervenciones, Gustavo Gaytán intentó presumir que en todo este tiempo que lleva operando la concesión, la deuda del Soapap ha disminuido.
Para 2010, dijo, los pasivos heredados ascendían a 3 mil 809 millones de pesos, de los cuales 2 mil 108 correspondían a un crédito con Banobras y el resto se le debía al gobierno del estado, quien intervino como deudor solidario.
En la actualidad, dijo en tono triunfalista, solo faltan por liquidar 624.6 millones. Pero, reconoció que todavía existe un pasivo de 813.4 millones con el gobierno del estado, por lo que la deuda real asciende a mil 405 millones de pesos.
Intentó justificar el fracaso del modelo financiero con el que arrancó la concesión a la caída de los ingresos a consecuencia de una baja recaudación y hasta por la pandémica de Covid, lo que llevó a impulsar un Segundo Convenio Modificatorio que retoma la indexación tarifaria que estuvo congelada entre 2018 y 2022.
Pese a las medidas adoptadas, explicó, serán necesarias otras opciones como una recaudación por la vía del pago del servicio de saneamiento por parte de los municipios que actualmente descargan aguas sin tratamiento, por lo que se estima podrían recaudarse adicionalmente unos 148 millones de pesos anuales.
A la par, el Tercer Convenio Modificatorio establece que una vez que se pague la deuda ante Banobras, que estima podría ocurrir en dos años y 10 meses, entonces todavía tardará una década para que subsanen los pasivos del Soapap con el gobierno del estado.
