La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos sobre el presunto involucramiento de tres instituciones financieras mexicanas en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. En un comunicado oficial, la dependencia descartó cualquier actividad delictiva por parte de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, al señalar que no se han presentado pruebas contundentes que sustenten tales señalamientos.
La reacción del gobierno mexicano se dio luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense identificó a las tres entidades como “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. La medida incluye restricciones sobre transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones, en particular por su supuesta relación con grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Cártel del Golfo.
Sin embargo, Hacienda aclaró que la única evidencia recibida contiene registros de transferencias electrónicas hacia empresas chinas legalmente establecidas, en el marco de un intercambio comercial que supera los 139 mil millones de dólares anuales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló además que más de 300 empresas mexicanas han realizado operaciones similares a través de diez instituciones financieras nacionales, lo que apunta a dinámicas regulares del comercio internacional.
A pesar de la falta de evidencia penal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emprendió una revisión regulatoria que detectó irregularidades de carácter operativo en las tres instituciones señaladas. Como resultado, se aplicaron sanciones administrativas por un monto acumulado de 134 millones de pesos. “De existir elementos probatorios de actividades ilícitas, esta Secretaría actuará con todo el peso de la ley. Hasta ahora, no hay indicios concluyentes”, subrayó el comunicado.
El caso ha adquirido un matiz político por la implicación de Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, Hacienda enfatizó que “la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es clara: no encubrir a nadie y actuar con transparencia y apegados al Estado de derecho”.
Ligan a exjefe de Oficina de AMLO
En medio de la investigación fue señalado Alfonso Romo Garza, empresario regiomontano y cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña y los primeros años de su gobierno, quien volvió al centro del debate público luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocara a Vector —institución financiera que él fundó— en una lista de bancos presuntamente involucrados en operaciones de lavado de dinero para grupos criminales.
Romo fue el principal enlace del entonces candidato presidencial con el sector empresarial en 2018 y, tras el triunfo de Morena, asumió como jefe de la Oficina de la Presidencia.
Posteriormente, en 2019, encabezó el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, con el encargo de impulsar proyectos estratégicos que generaran desarrollo.
Aunque abandonó formalmente el gabinete en 2020, tanto López Obrador como el propio Romo aseguraron que la salida se dio en buenos términos y que la relación con el proyecto de la Cuarta Transformación continuaría vigente desde otras trincheras.
Este miércoles, sin embargo, su nombre resurgió en redes sociales luego de que autoridades estadounidenses señalaran a tres instituciones mexicanas —CI Banco, Intercam y Vector— de mover recursos para cárteles del narcotráfico, en particular aquellos relacionados con el tráfico de fentanilo.
El gobierno de Estados Unidos acusó que estas entidades están facilitando transferencias en la cadena de distribución de drogas sintéticas hacia su territorio.
¿De qué se le acusa?
En su comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a la institución financiera mexicana Vector como una de las principales preocupaciones internacionales en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, al señalar su presunta colaboración con grupos del crimen organizado como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
De acuerdo con una orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), Vector habría facilitado operaciones financieras ilícitas que incluyen la adquisición de precursores químicos provenientes de China, utilizados en la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo.
La autoridad estadounidense reveló que, entre 2013 y 2021, una persona identificada como “mula” del Cártel de Sinaloa blanqueó dos millones de dólares a través de Vector. Asimismo, entre 2018 y 2023, la institución habría canalizado más de 1 millón de dólares en pagos desde empresas mexicanas hacia compañías chinas.
En ese contexto, Vector fue incluido en una orden que impide a cualquier institución financiera regulada en Estados Unidos realizar transacciones con esta firma, ni con sus cuentas o direcciones asociadas a monedas virtuales. La misma medida se aplicó a CIBanco e Intercam, también con sede en México.
Estas sanciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación oficial en el Registro Federal.
