La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la sentencia emitida por un tribunal civil del condado de Miami, Florida, en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa Linda Cristina Pereyra. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, calificó la resolución como un acto de justicia que beneficia directamente al Estado mexicano.
La mandataria explicó que el fallo judicial establece la obligación del exfuncionario y su cónyuge de pagar 2 mil 488 millones de dólares al gobierno de México, por haber desviado recursos públicos mediante una red de sobornos en licitaciones oficiales.
De esta cantidad, García Luna deberá restituir cerca de 749 millones de dólares, mientras que Linda Cristina Pereyra pagará alrededor de mil 740 millones.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que esta decisión judicial, dictada por la jueza Lisa Walsh, reconoce formalmente la existencia de una red de corrupción en la que participaban exfuncionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Recordó los nombres de empresas utilizadas por García Luna y su esposa para mover recursos ilícitos y financiar campañas políticas, destacando NUNVAV Inc, NUNVAV Technologies Inc, Nice Systems Ltd y GLAC.
Estas empresas transfirieron alrededor de 100 millones de dólares desde México hacia Barbados e Israel, retornando parte del dinero para beneficiar a implicados políticos; parte del dinero fue utilizado ilegalmente para financiar campañas políticas, aseguró.
El funcionario aclaró que esta revelación no forma parte del juicio en Florida, sino del proceso que actualmente se desarrolla en México. Aseguró que ya existen órdenes de aprehensión en curso y nuevos procesos judiciales en preparación, derivados de estas investigaciones.
Además, Gómez informó que la UIF tiene identificadas al menos 15 empresas implicadas en operaciones financieras ilícitas relacionadas con el caso García Luna.
García Luna cumple actualmente una condena penal en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
