El pasado 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer el hallazgo de un sitio que habría sido utilizado como centro de confinamiento, adiestramiento y presunto exterminio en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. El predio, conocido como Rancho Izaguirre y con una extensión aproximada de 10,000 metros cuadrados, fue identificado por la presencia de pertenencias personales, ropa y calzado, que se presume, pertenecían a víctimas llevadas al lugar mediante engaños.
De acuerdo con diversos reportes, la existencia del sitio era ya conocida por la Guardia Nacional desde septiembre de 2024, lo que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de la información y la respuesta institucional ante estos hechos. El hallazgo ha vuelto a poner en el centro del debate público la situación de violencia en el país y el fenómeno de las desapariciones forzadas.
En este contexto, la Mtra. Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), ofreció una ponencia como parte del Seminario Permanente de la Cátedra Ignacio Ellacuría 2025, organizada por la Universidad Iberoamericana Puebla. Bajo el título Defender contra el miedo: Respuestas situadas ante la crisis de derechos humanos en México, la académica abordó el impacto de esta crisis desde una perspectiva jurídica y humanitaria.
Durante su intervención, Chimiak señaló que la situación actual en México cumple con varias características de una crisis humanitaria, al ser un fenómeno sistemático y generalizado. Destacó también que la actuación de organismos internacionales se vuelve pertinente cuando los Estados no pueden o no quieren abordar crímenes de esta magnitud.
La especialista mencionó que en el país existen más de 127,000 personas desaparecidas, y que Jalisco encabeza esta estadística con más de 15,500 casos acumulados desde 2019. Asimismo, refirió que entre 2018 y marzo de 2025 se han identificado al menos 192 sitios de inhumación clandestina en la entidad, con cerca de 1,900 víctimas.
Chimiak también subrayó la activación de mecanismos internacionales, como el procedimiento basado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que permite llevar el caso mexicano ante la Asamblea General de la ONU. Si bien los resultados de este proceso aún están por verse, señaló que representa una oportunidad para visibilizar la situación a nivel global y avanzar en el fortalecimiento institucional y el respeto a los derechos humanos.
Finalmente, hizo un llamado a centrar todos los esfuerzos en las víctimas y sus familias, promoviendo su dignidad, acceso a la verdad y la justicia, e impulsando acciones que garanticen la no repetición de estos hechos.
