En un solo año, las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) al gobierno municipal que encabezó Eduardo Rivera Pérez pasaron de preocupar a escandalizar. Si en 2022 se señalaron irregularidades por poco más de 423.4 millones de pesos, en 2023 la cifra se disparó a mil millones 148 mil pesos.
Lo anterior, respondió no sólo a un crecimiento de 271.2 por ciento en las anomalías financieras de un año a otro, sino que confirmó las decenas de denuncias ciudadanas y políticas por el uso discrecional de recursos municipales durante la gestión panista.Lo más grave no es sólo el tamaño del monto observado, sino la reincidencia de patrones y nombres. El segundo año completo de gobierno de Rivera mostró una estructura de gasto público donde los vicios detectados en 2022 no solo persistieron, sino que se profundizaron.
En esta ocasión, la ASE detectó el uso irregular de más de mil millones 148 mil 183 pesos tras una revisión profunda a los gastos de la Comuna, de los cuales se desprende que, 261 millones 290 mil 675 pesos corresponden a un posible daño patrimonial, mientras que 738 millones 857 mil 508 pesos es el monto que el gobierno municipal panista dejó sin aclarar correctamente.
Esto significa que el gobierno yunquista en la capital poblana casi triplicó las observaciones financieras de su gestión, toda vez que, en 2022, el monto total de observaciones –entre daño patrimonial y monto por aclarar-, fue de 423 millones 407 mil 594 pesos, de los cuales 45.6 millones fueron posible daño patrimonial y 380.5 millones el monto pendiente de aclaración.
En ambos períodos fiscales, el común denominador fue la opacidad: falta de comprobantes, carencia de evidencia documental, opacidad en licitaciones y contratos con proveedores que una y otra vez fueron contratados sospechosamente por montos millonarios y bajo adjudicación directa.
Medios y obras, el talón de Aquiles
El informe de la ASE revela que más del 38 por ciento del daño patrimonial detectado en 2023 está relacionado con contratos de servicios de comunicación para difundir su imagen, en medio de un momento en el que buscaba a toda costa ganar la gubernatura de Puebla.
Entre esos convenios, distribuidos en al menos 67 contratos, se detectaron omisiones básicas: inexistencia de entregables, comprobantes de pago o documentos que justificaran legalmente la contratación. En suma, más de 101 millones de pesos en servicios de prensa y difusión cuya ejecución simplemente no pudo probarse.
El caso de Remedios Producciones y Asociados ilustra con nitidez esta dinámica. La empresa aparece con varios contratos observados, uno de ellos por el evento del «Segundo Informe de Resultados», sin evidencia de que haya sido realizado, lo que generó un monto de 365 mil 400 pesos de daño patrimonial.
Pero el problema no terminó allí. La misma firma fue señalada tres veces más en las observaciones de montos no aclarados, que en total sumaron otros 30.9 millones de pesos de recursos que la ASE no tuvo claro en su análisis por los “servicios de arrendamientos para eventos y jornadas del Ayuntamiento”.
La situación se radicaliza al considerar que esta misma empresa ya había sido señalada por inconsistencias en años anteriores. La fiscalización de la Cuenta Pública 2022 arrojó que Remedios Producciones incurrió en un daño patrimonial de 22.6 millones de pesos en ese año por la organización de eventos del Ayuntamiento panista.
Otro proveedor recurrente en las observaciones de 2023 es Arky Joman, que aparece en múltiples contratos relacionados con el mantenimiento de áreas verdes y fuentes públicas. Con un monto de 28.1 millones de pesos en anomalías, la empresa no presentó documentación técnica ni reportes que respalden sus servicios.
Esta misma empresa también fue señalada un año antes por estar involucrada en un daño a la hacienda de 4.8 millones de pesos, también tras ofrecerse al mantenimiento de 73 fuentes.
Contratos sin licitación, sin justificación legal y sin evidencia de entrega se repiten una y otra vez, como en el caso de PSV Sistemas, que aparece en 2023 con más de 41 millones de pesos observados por servicios tecnológicos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
En otros casos, como el convenio con la Universidad Autónoma de Chapingo, los recursos se entregaron sin que existieran reportes técnicos ni evidencia de cumplimiento de metas, lo que ocasionó un perjuicio a la hacienda de 23.4 millones de pesos.
Mientras que, el programa de “Créditos Contigo” que tenían como intención apoyar a las Pymes, generaron también un daño patrimonial de 26.9 millones, derivado de 199 expedientes irregulares en donde la Comuna no comprobó que los beneficiarios cumplieran los requisitos necesarios para ser acreedores.
Entre los montos que el gobierno panista dejó sin aclarar se encuentran un paquete de 24 obras asignadas con diversas empresas, que derivaron en 445.8 millones de pesos pendientes de aclaración, lo mismo que 87 millones de pesos con irregularidades durante la contratación de la empresa Total Play, que se encargaría del servicio de cámaras de vigilancia para la ciudad.
