El manejo de recursos federales en la Secretaría de las Mujeres será objeto de una revisión por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, luego de que se detectara un subejercicio durante el ejercicio fiscal 2025 relacionado con un programa de atención a mujeres víctimas de violencia extrema.
La dependencia estatal confirmó que parte del presupuesto asignado para la operación de un refugio destinado a mujeres, así como a sus hijas e hijos, no fue ejercido en su totalidad, lo que derivó en la devolución de aproximadamente 1 millón 200 mil pesos a la Federación. Dichos recursos estaban etiquetados para la contratación de servicios profesionales.
Ante los señalamientos, en su momento la extitular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira, rechazó que exista un mal manejo del presupuesto y argumentó que el retraso obedeció a los tiempos administrativos que implica la contratación de personal especializado, proceso que dijo, puede extenderse hasta dos meses y que impidió ejercer el recurso dentro del plazo fiscal correspondiente.
Este jueves, el secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, explicó que cuando se trata de fondos federales, las posibles sanciones financieras o administrativas dependen de las instancias federales que otorgaron los recursos. No obstante, precisó que la evaluación del desempeño de los titulares de las dependencias estatales sí es facultad del Gobierno de Puebla.
Espidio apuntó que el subejercicio puede tener consecuencias cuando no se cumplen los objetivos y metas de los programas y recordó que durante el año pasado todas las dependencias tenían la obligación de ejercer la totalidad de los recursos asignados y garantizar su uso eficiente.
Aclaró que aplicar la ley no constituye un acto de violencia, sino una responsabilidad institucional prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“No es violencia aplicar la ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas es muy clara: cuando se llega a configurar la negligencia por el ejercicio de los recursos. Y en el caso particular cuando se trate de un programa federal, pues obviamente tiene implicaciones financieras en cuanto al ejercicio y el cumplimiento de las metas, tenemos que esperar el pronunciamiento de la secretaría federal”, apuntó.
Además, añadió que se realizará un análisis puntual para determinar si existió negligencia o incumplimiento en el ejercicio del presupuesto y de ser el caso, se procederá conforme a derecho, aunque respetando las atribuciones de cada nivel de gobierno y sin una lógica de persecución.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta evitó emitir una postura sobre el fondo del asunto y señaló que el tema corresponde exclusivamente a la instancia revisora.
Indicó que debe ser cuidadoso en sus declaraciones para no incurrir en juicios anticipados y reiteró que su administración no será omisa, pero tampoco actuará fuera del marco legal.
En el mismo encuentro con medios, el mandatario descartó por ahora la salida de Celina Peña Guzmán de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, luego de versiones sobre su posible incorporación al gobierno federal.
Aseguró que la funcionaria continuará en la administración estatal y destacó su participación en proyectos estratégicos vinculados con el desarrollo tecnológico.
