En Puebla, el despojo inmobiliario dejó de ser un delito aislado para exhibirse como una maquinaria organizada. Ante ese escenario, el gobernador Alejandro Armenta colocó sobre la mesa una iniciativa de reforma al Código Penal del estado orientada a cerrar el paso a una práctica que, durante años, encontró refugio en la impunidad, la complicidad institucional y el entramado judicial.
La propuesta, presentada durante la sesión ordinaria del Pleno celebrada el jueves 29 de enero, planteó un endurecimiento del marco penal contra el despojo inmobiliario, en especial cuando se ejecuta de manera sistemática y con la intervención de redes organizadas.
El planteamiento persiguió un objetivo concreto: tipificar con mayor precisión el delito, incorporar nuevos supuestos agravados y fijar sanciones más severas, además de establecer responsabilidades reforzadas para quienes, desde el poder público o la fe notarial, faciliten u oculten estas prácticas.
Entre los cambios más relevantes destacó la ampliación de los supuestos agravados. El despojo se castigará con mayor severidad cuando se cometa contra personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes o comunidades indígenas; cuando en su ejecución intervengan servidores públicos o se simulen actos de autoridad; cuando se utilicen documentos falsos o se inscriban actos simulados en el Registro Público de la Propiedad; y, de manera especialmente significativa, cuando participe dolosamente un notario público para viabilizar u ocultar el delito.
La iniciativa no surgió en el vacío. Respondió a la denuncia del gobierno estatal sobre la existencia del denominado “Cártel del despojo”, una red integrada por notarías, funcionarios públicos, abogados, jueces y supuestos acreedores, que convirtió los tribunales en escenarios de desposesión legalizada.
El antecedente más grave estalló en julio de 2025. Un juicio mercantil iniciado en Oaxaca por una deuda de apenas un millón de pesos derivó, tras una cadena de irregularidades, en el desalojo violento de familias poblanas que habían adquirido sus viviendas de manera legal, incluso mediante créditos del Infonavit. Las víctimas no solo perdieron sus casas: fueron expulsadas bajo el amparo de resoluciones judiciales que hoy permanecen bajo sospecha.
En el centro de esta trama apareció lo que inicialmente se denominó el “Cártel Inmobiliario de Oaxaca”, rebautizado por el propio Armenta como el “Cártel del despojo”.
Se trató de una estructura de corrupción judicial que perfeccionó un modus operandi inquietante: convertir el sello de un juzgado en un instrumento de desalojo masivo, donde la ley dejó de proteger para transformarse en arma.
Las cifras reforzaron la alerta. Entre agosto y octubre de 2025, los casos de despojo de propiedades aumentaron 27.83 por ciento y acumularon 147 denuncias en apenas tres meses, de acuerdo con registros periodísticos. Detrás de cada expediente quedó una historia de desarraigo y, detrás de cada firma, la interrogante sobre quiénes se beneficiaron del despojo.
La reforma impulsada por el Ejecutivo estatal buscó, al menos en el plano normativo, romper esa cadena de complicidades. El desafío consistirá en demostrar que el endurecimiento legal no quedará en una respuesta simbólica, sino que alcanzará a quienes durante años hicieron del despojo un negocio y de la justicia una ficción.
