La comparecencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), Rosa Isela Sánchez Soya, ante diputadas y diputados del Congreso local quedó marcada por cuestionamientos, reproches y señalamientos de simulación, luego de que la funcionaria evitó responder de forma directa a los planteamientos y se limitó a leer respuestas previamente elaboradas.
Durante la sesión correspondiente al primer año de labores, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso advirtieron que la exposición de Sánchez Soya se concentró en cifras generales y procedimientos administrativos, sin profundizar en casos de alto impacto ni aclarar omisiones relevantes, entre ellas la ausencia de acciones de inconstitucionalidad frente a reformas legales polémicas, como la que tipificó el delito de ciberasedio.
De acuerdo con el informe presentado, la CDH Puebla recibió nueve mil nueve solicitudes iniciales, de las cuales ocho mil 563 derivaron en quejas; del total, seis mil 691 quedaron concluidas, equivalentes a 78 por ciento, mientras que mil 832 permanecieron en trámite. Asimismo, el reporte incluyó la emisión de 18 recomendaciones, 589 medidas cautelares y 272 servicios de atención psicológica y médica para víctimas, aunque legisladoras y legisladores señalaron que esas cifras reflejaron trámites ordinarios más que una defensa activa de los derechos humanos.
Las críticas se intensificaron al subrayar el bajo número de recomendaciones emitidas, uno de los principales instrumentos de presión de los organismos defensores de derechos humanos. La diputada Susana Riestra, del PAN, calificó la comparecencia como una “simulación”, mientras que Delfina Pozos, del PRI, sostuvo que la CDH Puebla operó como un ente “administrativo” y “deficiente”, lejos de un organismo autónomo con capacidad de incomodar al poder. “Si no incomoda, no está cumpliendo realmente sus funciones”, sentenció.
En cuanto a la Ley de Ciberasedio, Sánchez Soya sostuvo que las modificaciones recientes no vulneraron derechos humanos, pese a que cinco jueces federales concedieron amparos contra el artículo 480 del Código Penal y a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta de la CDH reconoció que en la primera reforma no se cumplió el principio de taxatividad, pero justificó la decisión de no promover una acción de inconstitucionalidad tras los foros ciudadanos impulsados por el Congreso local y la modificación posterior del texto legal.
En otro tema, Sánchez Soya informó la emisión de ocho medidas cautelares contra la empresa Agua de Puebla por diversas quejas relacionadas con el servicio de agua potable y aseguró que la CDH intervino pese a tratarse de una empresa privada. Detalló que se llevaron a cabo mesas de trabajo para atender problemas como la reestructura de pagos, la aclaración de adeudos y la reconexión del suministro.
No obstante, al concluir la comparecencia y la ronda de preguntas, la presidenta de la CDH salió de manera apresurada del recinto y evitó dar declaraciones a la prensa. Frente al elevador, se negó a responder cuestionamientos sobre agresiones recientes a periodistas, incluidos golpes y robos a comunicadores de Imagen Televisión y el asalto a un editor del periódico e-consulta, situación que reforzó las críticas sobre la falta de compromiso del organismo frente a violaciones graves a la libertad de expresión.
