Durante la conferencia matutina, el Ejecutivo federal detalló el alcance del registro de teléfonos móviles y su vínculo con la estrategia contra la extorsión y el fraude, al precisar que la información de los usuarios permanece en poder de las compañías de telefonía y no en una base de datos gubernamental.
La explicación oficial sostuvo que el gobierno únicamente accedió a esos registros cuando un número fue investigado por la posible comisión de un delito, como fraude o extorsión, y aclaró que el padrón incluyó tanto a usuarios con plan como a quienes utilizan chips de prepago.
Sobre el combate al fraude digital, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que, a partir de los reportes recibidos en el 089, más de 90 por ciento de las llamadas fraudulentas se cancelaron mediante coordinación con empresas telefónicas.
El funcionario indicó que el resto de los casos derivó en carpetas de investigación que generaron detenciones, y anunció que en breve se informará el número exacto de chips y líneas extorsivas canceladas, así como los resultados de los convenios con el sector de telecomunicaciones.
Como parte de estas acciones, la autoridad federal también desactivó antenas completas que daban servicio a centros penitenciarios desde donde se originaban llamadas ilícitas, entre ellos el penal de Altamira, Tamaulipas, identificado como un punto relevante de extorsión telefónica.
