La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Gabinete de Seguridad investigar el caso de Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “Toñín”, señalado como presunto líder huachicolero en el estado de Puebla, a fin de determinar si existen elementos para presentar una denuncia penal en su contra.
Durante la conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional, la mandataria federal afirmó que el caso “tiene que revisarse”, luego de ser cuestionada por un periodista sobre las acusaciones contra Martínez Fuentes.
En el planteamiento expuesto, se señaló que el presunto agricultor habría incurrido en amenazas contra el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, así como contra periodistas del estado, hechos que fueron difundidos recientemente a nivel nacional.
Asimismo, se mencionó que Antonio Martínez, su hija Guadalupe Martínez, actual alcaldesa de Quecholac, y la diputada del Partido Social de Integración (PSI), Nadia Navarro, presuntamente estarían vinculados al cierre de la autopista Puebla–Orizaba, realizado como protesta por la aprobación de la Ley General de Aguas.
Sheinbaum indicó que corresponderá a las autoridades competentes analizar la información disponible y, en su caso, proceder conforme a la ley.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González informó que «El Toñín» es investigado por su presunta participación en el intento de linchamiento de cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar), ocurrido en el municipio de Quecholac.
De acuerdo con el funcionario estatal, los hechos se registraron en diciembre del año pasado, cuando pobladores de Quecholac participaron en una agresión colectiva contra cuatro marinos.
Durante la mañanera del gobierno de Puebla, el vicealmirante afirmó que las autoridades han realizado las acciones de investigación y confirmó que hay una solicitud de intervención de las autoridades federales que lleven a la detención de esta de esta persona.
«Sí hay un seguimiento y una petición por parte de las autoridades estatales para la intervención de las autoridades federales, con el objetivo de llevar a cabo una acción coordinada que derive en la detención de esta persona”, puntualizó.
Puebla pide apoyo federal
Iván Rivera
El Gobierno de Puebla mantiene abiertas líneas de investigación contra Antonio Valente Martínez Fuentes El Toñín, a quien se señala como presunto operador del robo de combustible en la entidad y posible responsable intelectual del intento de linchamiento de cuatro elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Quecholac el año pasado.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, informó que la administración poblana solicitó formalmente el apoyo de instancias federales para investigar las presuntas operaciones delincuenciales de El Toñín y en dado caso, proceder conforme a la ley con un arresto.
El funcionario explicó que la petición se deriva principalmente de los hechos ocurridos en Quecholac el año pasado, donde personal de la Marina fue retenido y agredido por pobladores en un intento de linchamiento, lo que prendió las alertas de seguridad en la región. Dicho municipio es gobernado por Guadalupe Martínez, hija de Martínez Fuentes.
Sánchez González explicó que, a partir del incidente, se abrió una investigación específica por el intento de linchamiento y se solicitó apoyo federal para avanzar en la localización de El Toñín, a quien describió como un personaje con alta exposición en redes sociales y con capacidad de movilización en la zona.
“En diciembre del año pasado, hubo en el municipio de Quecholac un incidente donde cuatro elementos de la Secretaría de Marina fueron sujetos de un intento de linchamiento. Se abrió la investigación correspondiente y nosotros también hicimos la solicitud ante las instancias federales para el apoyo requerido para la ubicación y detención de este personaje”, manifestó.
Aunque evitó precisar fechas para una posible detención, el titular de la SSP aseguró que el seguimiento ya está en marcha y que existe una petición expresa del gobierno estatal para que la acción se concrete mediante un operativo conjunto con autoridades federales.
El caso se suma a una serie de indagatorias que desde hace años rodean a Antonio Valente Martínez Fuentes, señalado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia y actividades ilícitas en el llamado “Triángulo Rojo” de Puebla.
El conflicto entre el gobierno de Puebla y Antonio Valente Martínez Fuentes se fue gestando a lo largo de varios días y terminó por escalar a un plano legal. El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, recientemente confirmó que había quedado concluida la elaboración de una denuncia formal por las amenazas que recibió del presunto líder huachicolero.
Las tensiones escalaron cuando El Toñín reapareció en redes sociales el 2 de diciembre acompañado de su hija, la alcaldesa de Quecholac. En un video difundido ampliamente, acusó al secretario de Gobernación de haber “intimidado” a la presidenta municipal durante una llamada telefónica relacionada con un conflicto carretero en la región. En esa grabación lanzó insultos y expresiones que el gobierno estatal consideró amenazas directas.
La confrontación tuvo como telón de fondo el bloqueo de la autopista Puebla–Orizaba, ocurrido el 1 de diciembre, que paralizó la circulación por más de 24 horas a la altura de Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac.
La protesta había sido alentada semanas antes por el propio Martínez Fuentes, quien desde noviembre convocó a campesinos y comerciantes a manifestarse contra la reforma a la Ley General de Aguas, al afirmar que implicaría la privatización del recurso y afectaría al Valle de Serdán.
Cuando se concretó el cierre carretero, el secretario de Gobernación buscó a la alcaldesa Guadalupe Martínez para pedirle que acudiera al lugar, dialogara con los manifestantes y explicara las causas de la protesta.
La edil respondió que desconocía el origen del bloqueo y se negó a presentarse, pero horas más tarde difundió un video en el que afirmó haber sido víctima de violencia política de género por parte del funcionario estatal.
Esa versión fue retomada por El Toñín para acusar públicamente amenazas del gobierno. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación respondió con un comunicado en el que sostuvo que la llamada a la alcaldesa había sido estrictamente institucional y planteó, de manera abierta, la duda sobre quién ejercía realmente el control político en Quecholac, al señalar la influencia directa de Martínez Fuentes en el gobierno municipal.
