Así lo confirmó el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, quien dijo que los trabajos arrancaron la semana pasada después de una mesa privada a cargo del mandatario, en la que participaron el actual titular de la SEP, Manuel Viveros Narciso, subsecretarios, el área de Recursos Humanos y las dependencias encargadas de fiscalizar al gobierno.
A esa mesa también fueron llamados los responsables de combatir la corrupción y fiscalizar al gobierno: el fiscal especializado de la FGE, el titular de la Auditoría Superior del Estado, el secretario de la Función Pública y el oficial mayor.
García Parra precisó que la revisión abarcará a quienes dirigieron la SEP durante una década completa, lo que incluye a exservidores públicos como Patricia Vázquez del Mercado, Ignacio Alvízar Linares, Aurelio Miguel Robles Bárcena, Melitón Lozano Pérez, José Luis Sorcia Ramírez, María Isabel Merlo Talavera y Jorge Estefan Chidiac.
“El martes de la semana pasada iniciaron los trabajos de investigación. Vamos a estar muy atentos al desarrollo y a los resultados que arrojen, no solo por el tema de las plazas, sino por todo lo que tiene que ver con estos registros, procedimientos y procesos que se tienen que cuidar en la SEP”, apuntó.
García Parra reconoció que el trabajo será monumental, toda vez que deberán revisarse cientos de expedientes, acumulados durante una década. Expuso que, aunque ya se están revisando documentos desde la semana pasada, por ahora no habrá adelantos sobre posibles irregularidades detectadas para guardar la secrecía de cualquier resultado que arroje la investigación.
Es de señalar que las universidades privadas que no informen que las carreras que ofrecen no cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) podrían enfrentar sanciones penales en Puebla.
Recientemente, el diputado José Luis Figueroa Cortés propuso reformar el Código Penal del estado para establecer multas de mil 500 a 3 mil UMAS y penas de 10 a 20 años de prisión a autoridades, dueños o responsables que oculten esta información al público.
La iniciativa también busca tipificar el fraude educativo, aplicable cuando se ofertan programas que requieren título y cédula profesional sin informar que carecen de RVOE.
Las sanciones podrían aumentar proporcionalmente al número de víctimas y al monto defraudado: la pena de cárcel podría incrementarse hasta en dos terceras partes y la multa en más de la mitad.
