La mañana de este sábado 25 de octubre, la unidad deportiva Pavigi se convirtió en el epicentro de una protesta que terminó por estallarle en la cara a la alcaldesa de San Miguel Xoxtla, Guadalupe Ortiz Pérez, luego de que habitantes y activistas bloquearan el inicio de las obras para construir el llamado “Pozo del Bienestar”.
Desde la madrugada, vecinos alertaron que maquinaria pesada había ingresado al parque con autorización del Ayuntamiento, presuntamente para iniciar las excavaciones, por lo que en cuestión de minutos, decenas de personas se congregaron para frenar los trabajos, acusando que el proyecto no busca resolver la escasez de agua.
Según señalaron, la intención de fondo es desviar el recurso hacia la capital poblana mediante el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), una problemática que se potencializó en mayo pasado, cuando pobladores cerraron durante dos días consecutivos la autopista México-Puebla por su inconformidad hacia este proyecto.
La alcaldesa Guadalupe Ortiz llegó al sitio para intentar calmar los ánimos. Sin embargo, fue recibida entre gritos y abucheos: los inconformes le reclamaron haber actuado a espaldas del municipio y le exigieron la cancelación definitiva del proyecto.
En medio del caos, las acusaciones se multiplicaron: “Usted solo busca hacer negocio con el agua”, le gritaban vecinos que, enfurecidos, pidieron incluso su destitución del cargo.
De acuerdo con los testimonios, los habitantes aseguran que el supuesto pozo de reemplazo sería aprovechado por Soapap y la concesionaria Agua de Puebla para incrementar su red de extracción.
Ante la presión, la alcaldesa reiteró su postura: el pozo sería “de uso exclusivo para los habitantes de San Miguel Xoxtla” y exhortó a la población a no dejarse influenciar por publicaciones “que buscan desestabilizar la paz social”.
En un comunicado, el Ayuntamiento señaló que la obra tiene el objetivo de garantizar el abasto del vital líquido en la zona y que los beneficios serían visibles en breve. Sin embargo, el argumento oficial no convenció a nadie, y en medio de la manifestación también se presentó la diputada Angélica Alvarado Juárez, representante del distrito, quien intentó mediar el conflicto.
Su llegada, lejos de calmar las cosas, encendió más los reclamos: los habitantes le reprocharon su ausencia y su falta de gestión, además de que la corrieron del lugar en medio de reclamos, por lo que tuvo que ser custodiada con policías municipales. También le pidieron sólo regresar en dado caso de presentar propuestas sólidas para los vecinos.
Mientras tanto, la maquinaria fue retirada del parque, pero el enfrentamiento social quedó abierto, pues los vecinos advirtieron que no permitirán ningún intento de reanudar las obras y que permanecerán en vigilancia permanente.
De acuerdo con un comunicado difundido por los defensores del agua este 25 de octubre, personal técnico ingresó nuevamente a la zona para continuar con las obras de extracción, pese a la oposición pública de la comunidad.
Los pobladores acudieron al sitio para detener los trabajos y tras un supuesto compromiso de los ingenieros para retirar la maquinaria, “la respuesta fue llevar a fuerzas policiales y militares a resguardar los materiales”, denunciaron.
Los inconformes acusan a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz de mantener una doble postura frente al conflicto, al tiempo que señalan una supuesta alianza con la empresa Concesiones Integrales, concesionaria del servicio de agua en la zona metropolitana de Puebla.
En el documento se advierte que el incremento de presencia policial en el área del parque Pavigi “indica que una represión violenta en contra de la comunidad de Xoxtla puede ser inminente”.
