Pese a que la política del PAN en la pasada elección constitucional fue aliarse con Pacto Social de Integración (PSI), partido local señalado públicamente por su cercanía con presuntos integrantes del crimen organizado, ahora el dirigente estatal Mario Riestra Piña hizo un llamado a las fuerzas políticas en Puebla para establecer un pacto que impida la infiltración de delincuentes como candidatos, con miras a los comicios de 2027.
El pronunciamiento surgió luego de que Anallely López Hernández, exdelegada de la microrregión 8 de la Secretaría de Bienestar en Libres, renunció voluntariamente a su cargo tras ser vinculada con Nazario Ramírez Ramírez, detenido recientemente por presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El líder panista fue cuestionado sobre los filtros que deberían aplicar los partidos políticos para elegir a sus militantes y candidatos. Aunque calificó esta situación como “muy grave”, admitió que en prácticamente todos los institutos políticos se ha entrometido el crimen organizado, por lo que consideró urgente garantizar la transparencia y el blindaje en los procesos internos para evitar candidatos vinculados a la delincuencia.
Sin embargo, al dirigente panista pareció olvidársele que, en la elección extraordinaria —de la cual dijo fueron “muy escrupulosos”—, el PAN validó una alianza con partidos que sí respaldaron a candidatos con historial cuestionado.
El PSI se convirtió en los últimos años en un partido identificado por sus vínculos con exfuncionarios y políticos relacionados con el huachicol en Puebla; al menos cuatro de sus exediles han enfrentado procesos legales.
Los candidatos del huachicol
En el proceso electoral del 2 de junio de 2024, el partido que encabezó el fallecido Carlos Navarro Corro impulsó a perfiles como Inés Saturnino López Ponce, de Tecamachalco; Guadalupe Martínez, de Quecholac; Marco Valencia, de Venustiano Carranza; y Pablo Morales Ugalde, de Palmar de Bravo, entre otros.
Al exdirigente estatal poco le importaron los antecedentes criminales de sus candidatos a las presidencias municipales, argumentando que él “no era juez ni fiscal para investigar”.
Inés Saturnino López Ponce
El exalcalde de Tecamachalco y exdiputado local fue arrestado en noviembre de 2022 por haber impedido la detención de “un delincuente mayor”, según declaró el exgobernador Miguel Barbosa Huerta. Extraoficialmente se dijo que ayudó a escapar al capo huachicolero Antonio Martínez Fuentes.
También fue sancionado por violencia política de género tras agredir a dos regidoras del ayuntamiento que presidía, quienes lo denunciaron ante el IEE y el Tribunal Electoral del Estado.
Fue liberado en mayo de 2023 y, pese a su historial, el PSI y sus aliados (PAN-PRI-PRD) lo postularon nuevamente como candidato a alcalde, por tercera ocasión.
Guadalupe Martínez Gerardo
Identificada como hija del presunto líder huachicolero Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín, también fue postulada como candidata a la alcaldía de Quecholac.
Tras las críticas hacia su hija, El Toñín reapareció públicamente en un video en el que pidió respeto y exigió detener los ataques mediáticos en su contra. Señaló además que las agresiones fueron impulsadas por el expriista Néstor Camarillo, para desviar la atención sobre su candidatura, obtenida tras hacerse pasar como persona indígena.
El gobierno de Miguel Barbosa Huerta detuvo a su hermano, Alejandro Martínez Fuentes, entonces alcalde de Quecholac, quien fue liberado en 2023 tras ganar un amparo.
Pablo Morales Ugalde
El entonces edil de Palmar de Bravo, bajo las siglas del PSI, fue detenido en julio de 2017 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por uso de recursos de procedencia ilícita, producto del robo de combustible. Fue vinculado a Roberto de los Santos de Jesús, alias , quien compartía el negocio del huachicol con El Toñín en el llamado Triángulo Rojo.
Marco Antonio Valencia Ávila
El PAN y el PRI postularon como candidato en la elección extraordinaria de Venustiano Carranza a Marco Antonio Valencia como ocurrió en 2024. Esto, pese al historial de cacicazgo de su familia y presuntos nexos con el crimen organizado.
Fue en el 2008 cuando el cacicazgo de esta familia comenzó con la elección de Vicente Valencia Ávila como alcalde. Lo sucedió Alejandro Valencia, en el 2011 y en el 2014 eligieron a Rafael Valencia.
La decisión de los Valencia Ávila de dejar al PRI e irse al blanquiazul la manifestaron ese año en un acto de campaña de José Antonio Gali Fayad, quien era abanderado de la ex alianza morenovallista y buscaba ser el gobernador de Puebla, por dos años.
Luego, en la elección del año 2018, Vicente Valencia, quien fue el primero de los hermanos en llegar al poder, participó como candidato una vez más a la presidencia municipal de Venustiano Carranza y la ganó para el periodo 2018-2021.
En su gestión, los integrantes de la familia enfrentaron procesos legales y se dieron cateos en algunos domicilios de la misma familia por parte del personal de la Fiscalía General del Estado. El resultado de esa operación policiaca permitió el decomiso de armas de fuego, miles de cartuchos útiles, dos vehículos y combustible robado.
Con el triunfo de Marco Antonio, la familia completaría 17 años de gobierno en el que cuatro hermanos varones han gobernado por 14 años consecutivos y tres más escalonados.
