Cuando el priista Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República, el engominado Rafael Moreno Valle Rosas estaba muy lejos de estar en su ánimo, a pesar de haber apoyado su campaña por debajo del agua y traicionar al PAN por instrucciones de la otrora poderosa líder magisterial Elba Esther Gordillo Morales.
Eran tiempos complicados para el poblano que, desde su arribo a la gubernatura, había trazado su ruta rumbo a la presidencia de México. Con un presidente en contra, por mucho apoyo a la líder del SNTE, la apuesta era imposible.
Así que Moreno Valle hizo lo mejor que sabía hacer: seducir a quien se le atravesara en su obsesión presidencial a punta de billetes y entreguismo.
Uno a uno, el gobernador de Puebla comenzó a invitar a los secretarios de Estado. Uno a uno se los fue echando al bolsillo gracias a una mezcla de encantador de serpientes y un espíritu neoliberal que tanto encantaba a los peñanietistas.
Poco a poco, Moreno Valle les demostró a los hombres del exgobernador de Estado de México que había más coincidencias de lo que pensaban. Y fue ahí cuando dio el paso maestro: demostrarles que una buena chequera, con cargo a las finanzas poblanas, podría estar al servicio de la nueva clase política.
El exgobernador poblano tenía un dicho: todo lo que cuesta dinero es barato. Y con los hombres de Peña Nieto lo comprobó.
Para ganarse el favor presidencial optó por una estrategia sencilla, pero sumamente costosa: entregar contratos leoninos al empresario consentido de Enrique Peña Nieto para garantizar que por décadas obtendrían millonarios recursos a costillas de los poblanos.
La fórmula era perfecta. Primero había que analizar la cartera de negocios de los empresarios consentidos del régimen priista del momento. Luego, aterrizarla a la realidad poblana y, a partir de eso, crear el esquema financiero para echarlo a andar.
Fue así que Moreno Valle apostó, por recomendación de los propios penañietistas, por la familia Hank Rhon y el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, responsable entre otras cosas de entregar a la familia del presidente la escandalosa Casa Blanca, con un valor de 150 millones de pesos.
Primero, el gobernador de Puebla decidió apoyar el proyecto privatizador del agua potable que comenzaba a tomar auge en el gobierno priista. El título de concesión fue entregado a Grupo Hermes, propiedad de la familia Hank, quien se comprometía a invertir más de 3 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura y servicio. Una década después de la firma del contrato, los poblanos seguimos esperando una mejoría, pero en el camino hemos tenido que enfrentar los arrebatos de la empresa Agua de Puebla Para Todos en su afán por exprimir a sus usuarios en demanda de pago.
(Hoy, la administración de la empresa concesionaria está en manos de Jordi Bosch, un español cuyas principales cartas credenciales es ser muy bueno para imponer políticas draconianas de cobro disfrazadas de apoyos a los usuarios).
Luego, vinieron las obras suntuosas.
Para hacer frente a la serie de compromisos financieros que adquiriría, los morenovallistas tuvieron que adecuar la legislación local en el camino —al grado de modificar hasta en cuatro ocasiones la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios— para que contratos, pagos y obras cuadraran legalmente.
Todos los PPS fueron encorsetados en un fideicomiso, administrado por las casas de bolsas Protego y Evercore, a fin de eliminar cualquier posibilidad de información pública disponible para el escrutinio público. Ambas firmas pasaron a hipotecar los multimillonarios del Impuesto sobre Nómina, como una medida para garantizar el pago derivador de las obligaciones contractuales leoninas y desventajosas para el gobierno del estado.
Fue así que el Museo Internacional del Barroco cobró vida. Tuvo un costo de edificación de mil 700 millones de pesos, pero el contrato de administración y mantenimiento elevó la deuda a 14 mil millones de pesos a pagar en varias décadas.
Los responsables de la obra fueron Grupo Hermes e Higa, propiedad de Hinojosa Cantú, aunque el primero fue el único responsable de continuar con la administración del museo.
Este y otros movimientos ayudaron a Moreno Valle a convertirse en uno de los consentidos de Enrique Peña Nieto y su burbuja. El grupo priista en el poder había encontrado a otro priista disfrazado de panista como su mejor amigo de correrías, con quien compartían la máxima premisa de los Chicago Boy: el mercado es primero antes que el Estado y las personas.
A pesar de ganarse el ánimo presidencial, eso no fue suficiente para que Moreno Valle cumpliera su sueño de llegar a Los Pinos. Al poblano se le atravesó una crisis política permanente que derivó en una crisis de gobernabilidad y poder, la cual sumió a Peña Nieto y su grupo en el peor desprestigio que pudiera existir. Y, por otro lado, a escena entró un Andrés Manuel López Obrador que sepultó la etapa neoliberal en México.
¿Qué ganó Puebla al tener a un gobernador envuelto en una borrachera presidencial? Un estado sumido en una crisis financiera, con sus arcas hipotecadas y escándalos de corrupción que infestaros por doquier a la administración pública.
Parafraseando el viejo cuento corto, cuando los poblanos despertamos de la borrachera presidencial, la deuda estaba ahí.
