La jueza Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso este jueves 27 de agosto al excontraalmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, señalado como uno de los presuntos líderes de una red dedicada al contrabando de combustibles.
Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó que deberá permanecer bajo prisión preventiva justificada en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras continúa el proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.
Farías Laguna es identificado como uno de los presuntos integrantes de la organización conocida como “Los Primos”, junto con su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece recluido en el mismo penal desde septiembre de 2025. Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
La investigación de la Fiscalía General de la República apunta a que la organización utilizaba puertos como Altamira y Tampico para introducir principalmente diésel al país, reportándolo ante las autoridades aduanales como aceites, lubricantes u otras mercancías, con el propósito de evadir impuestos como el IEPS y el IVA.
El esquema habría incluido documentación apócrifa, empresas fachada y presunta participación de funcionarios públicos para facilitar las operaciones. Las investigaciones abarcan actividades en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.
Uno de los principales golpes contra la red ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon, que transportaba alrededor de 10 millones de litros de diésel. La FGR estima afectaciones superiores a 340 millones de pesos únicamente por los hidrocarburos recuperados durante los primeros operativos.
Farías Laguna fue detenido el 23 de abril en Buenos Aires, Argentina, utilizando un pasaporte guatemalteco falso, y posteriormente fue deportado a México entre el 20 y 21 de agosto. Tras una audiencia inicial que se prolongó casi 18 horas, finalmente fue vinculado a proceso. Su defensa cuenta con cinco días para impugnar la determinación.
