Durante más de un día, la autopista Puebla–Orizaba permaneció cerrada como rehén de una protesta que lejos de ser una movilización de agricultores, terminó revelando la red política que gira alrededor del presunto líder huachicolero Antonio Martínez Fuentes, El Toñín, y de sus aliados: el clan de los Mier.
El bloqueo comenzó el 2 de diciembre a las 16:00 horas por un grupo de supuestos campesinos que aseguraban estar inconformes con la Ley General de Aguas, pero la narrativa del “movimiento ciudadano” se vino abajo en el instante en que aparecieron quienes en realidad movían los hilos de la protesta.
A las 18:30 horas del día siguiente, llegó al punto del bloqueo una camioneta del Ayuntamiento de Quecholac a cargo de la alcaldesa Guadalupe Martínez Gerardo, hija de El Toñín. Nada de mesas técnicas ni diálogo institucional: llevó consigo una pantalla gigante instalada en una pick up, como si se tratara de un mitin político.
En la pantalla apareció el diputado federal Ignacio Mier Bañuelos, hijo del senador Nacho Mier. El mensaje fue claro: la ley ya está aprobada en Comisiones, les dijo. Retírense, pero estén listos para ver cómo se dirige la votación en el Pleno, además de que les aseguró que esta ley no afectaría sus títulos de propiedad ni el suministro.
Los manifestantes respondieron como si hubieran visto llegar a su verdadero jefe político: porras, gritos de apoyo y un seguimiento obediente a la orden del diputado. Ahí, en plena autopista tomada, quedó exhibida la cercanía entre el grupo de El Toñín y los Mier.
La reacción del bloqueo fue reveladora: los simpatizantes del presunto capo no solo celebraron a Mier Bañuelos, también corearon el nombre del senador Nacho Mier y de la diputada Nadia Navarro, dirigente del PSI, partido que opera en alianza con el grupo de Martínez Fuentes en la región.
La protesta dejó de ser una manifestación agrícola y se transformó de inmediato en un acto de respaldo político a dos apellidos: Mier y Martínez Fuentes, a pesar de que un día antes, Guadalupe Martínez aseguró públicamente que la liberación de la carretera “no era su competencia”.
Pero cuando llegó el video de Mier Bañuelos, la postura cambió. La alcaldesa que había sido defendida horas antes por su padre, quien acusó intimidaciones inexistentes, terminó encabezando la retirada.
Durante semanas, El Toñín había promovido en redes sociales supuestas movilizaciones “campesinas” exigiendo tarifas especiales para agua de uso agrícola. Él mismo había aparecido en varias protestas en Palmarito, posando como ganadero y agricultor mientras continúa siendo señalado como uno de los principales generadores de violencia por robo de combustible en la región.
Las horas de cierre
La localidad de Palmarito Tochapan, en la conocida zona del “Triángulo Rojo” amaneció atrapada desde el pasado martes entre filas interminables de autos varados, tráileres y un personaje que fiel a su manual de operaciones, quiso presentarse como el hombre que llega a “poner orden” en un desorden que él mismo ayudó a detonar.
Antonio Valente Martínez lanzó este miércoles una transmisión en vivo en Facebook para presentarse como si fuera un emisario de paz, horas después de que la autopista Puebla–Orizaba llevaba más de 21 horas bloqueada y cientos de familias pasaron la noche atrapadas entre tráileres y camionetas inmóviles.
Mientras el caos consumía el kilómetro 190, el presunto líder huachicolero apareció en Facebook con su voz conciliadora, anunciando que solo él podría convencer a los campesinos de abrir “al menos un carril”, el mismo grupo con el que semanas atrás había agitado el avispero en Palmarito para oponerse a la reforma de la Ley General de Aguas.
Pero su mensaje público fue leído en redes sociales como un intento de deslindarse y luego intentar capitalizar políticamente el desastre, al buscar posicionarse como defensor del pueblo frente a un Estado que, según él “quiere quitarles el agua”.
La protesta no surgió de la nada: el 26 de noviembre, en una asamblea multitudinaria en Palmarito Tochapan, fue el propio Martínez Fuentes quien advirtió que la reforma hídrica “privatizaría el agua” y afectaría el campo del Valle de Serdán.
Ahí lanzó el primer fósforo: señaló al gobierno federal, se proclamó vocero de campesinos y transmitió en vivo sus discursos, donde aseguró que no quería “estropear ninguna carretera”, pero dejó en claro que estaba dispuesto a encabezar la resistencia.
Esa reunión que estuvo llena de consignas y llamados a la defensa del agua fue el antecedente directo de la asfixia vial que este martes y miércoles paralizó Puebla–Orizaba por más de un día.
Cuando el bloqueo ya tenía horas causando estragos, El Toñín reapareció en redes para asegurar que él “no convocó” al cierre, aunque había pasado semanas avivando inconformidades en la misma comunidad que ahora paralizaba la autopista.
Su intento de salir al paso llegó a tal grado que incluso acusó “violencia de género” contra su hija, la alcaldesa de Quecholac, Guadalupe Martínez Gerardo, porque el gobierno estatal le pidió hacer lo mínimo esperable: acercarse al bloqueo, dialogar con su población y reportar qué estaba pasando.
La presidenta municipal, sin embargo, se declaró sorprendida por la protesta y dijo que “no tenía suficiente información” para intervenir. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, explicó que se le solicitó un diagnóstico básico, pues es ella quien gobierna el municipio.
La respuesta de la dependencia derrumbó la narrativa que El Toñín intentó fabricar: informó que no hubo amenazas, ni presiones, lo que sí hubo fue una intromisión del líder huachicolero en asuntos que legalmente corresponden a la autoridad municipal.
Es de señalar que aunque El Toñín se ha presentado como “agricultor”, es señalado desde hace años por su presunta participación en actividades de huachicol en el Triángulo Rojo y su influencia no ha desaparecido, toda vez que su hija gobierna Quecholac bajo las siglas del PSI, un partido con vínculos históricos en la región con estructuras dedicadas al robo de combustible.
Lo cierto es que la parálisis de la autopista se dio también pese a que de acuerdo con la Ley de Vías Generales de Comunicación, quien cierre carreteras federales puede recibir de tres meses a siete años de prisión y si existe violencia o daños, las penas pueden alcanzar hasta 20 años, según el Código Penal federal. Aún así, el bloqueo se prolongó por más de 26 horas.
