Vector, Casa de Bolsa propiedad del empresario Alfonso Romo —exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— se convirtió en el eje de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presunto lavado de dinero vinculado al huachicol fiscal.
La indagatoria, centrada en movimientos financieros entre 2021 y 2023, detectó que la institución financiera habría recibido y canalizado recursos de origen dudoso provenientes de cinco empresas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos: Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Grupo Potesta, Era Tech Combustibles y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México.
De acuerdo con El Sol de México, en total los flujos investigados superan los 4 mil 591 millones de pesos y según la carpeta de investigación ED/FEMDO/FEITA-TAMP/000464/
Por ejemplo, Grupo Potesta habría canalizado alrededor de 220 millones de pesos a través de la casa de bolsa, presuntamente con la intención de mover dinero hacia otras empresas o incluso hacia el extranjero, simulando operaciones comerciales legítimas.
La FGR detectó que estas transacciones se efectuaron con comprobantes fiscales digitales (CFDI) y transferencias electrónicas, en el contexto de la compra, almacenamiento y venta de hidrocarburos, aceites y lubricantes.
El análisis financiero reveló discrepancias llamativas entre ingresos y personal. Un ejemplo es Transportadora del Pacífico y del Golfo de México que reportó 524 millones de pesos con un solo empleado, mientras que Grupo Potesta declaró mil 787 millones con apenas ocho trabajadores.
Grupo Base Energéticos, con 17 empleados, registró ingresos por más de 760 millones de pesos y Altos Energéticos habría adquirido más combustible del reportado oficialmente.
Por otro lado, Era Tech y Transportadora del Pacífico comparten apoderado legal, lo que sugierió coordinación directa en sus operaciones y un esquema corporativo interconectado.
Las autoridades ya detuvieron a 11 personas, incluidos mandos de la Secretaría de Marina y funcionarios aduanales involucrados con el trasiego de combustible ilegal. Sin embargo, aún permanecen prófugos el contralmirante Fernando Farías Laguna y otros empresarios presuntamente involucrados.
Según la FGR, la red operaba comprando combustible en Estados Unidos mediante documentos de importación falsificados y posteriormente lo distribuía en México a través de intermediarios, lo que generaba un mercado informal que causó un impacto millonario en el fisco.
Acusaciones contra Vector
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó a tres instituciones en la mira internacional por sus presuntos vínculos con el lavado de dinero del narcotráfico.
Una de las señaladas fue Vector Casa de Bolsa, acusada de presuntamente mover recursos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, así como de facilitar pagos hacia China para la compra de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.
De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Vector habría fungido como puente financiero en operaciones que se remontan al menos a 2013. La investigación documenta que una “mula” del Cártel de Sinaloa utilizó la firma para blanquear dos millones de dólares desde Estados Unidos a México, mientras que entre 2018 y 2023 se detectaron transferencias por más de un millón de dólares a empresas chinas.
Aunque la sanción también abarca a CIBanco e Intercam Banco, el señalamiento contra Vector resultó particularmente grave porque se trata de una casa de bolsa con cerca de 11 mil millones de dólares en activos bajo gestión y con operaciones habituales en mercados internacionales.
El Tesoro estadounidense la describió como “una fuente de preocupación principal en materia de lavado de dinero” al servicio de los cárteles.
