La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó este jueves el bloqueo administrativo de las cuentas bancarias de la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de colaborar con la organización criminal conocida como La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael El Mayo Zambada.
De acuerdo con la UIF, se trata de una medida preventiva que forma parte del mecanismo de cooperación internacional en materia de combate al lavado de dinero. El organismo señaló que la legisladora fue incorporada a la Lista de Personas Bloqueadas junto con seis individuos más y quince empresas en México.
Señalamientos de Estados Unidos
Según el comunicado de la OFAC, Brown habría permitido, durante su periodo como presidenta municipal de Playas de Rosarito entre 2021 y 2024, que operadores del Cártel de Sinaloa consolidaran su dominio en la zona fronteriza. Se menciona que los hermanos Alfonso y René Arzate García, identificados como jefes de plaza, encontraron respaldo institucional a través de vínculos con empresarios y operadores políticos cercanos a la entonces alcaldesa.
Las autoridades estadounidenses acusan a Brown de colaborar con Jesús González Lomelí, empresario local, y con Candelario Arcega Aguirre, señalado como su operador político, quienes habrían facilitado nombramientos clave en el gobierno municipal para garantizar protección a las actividades del cártel.
El documento sostiene que, mediante esta red, se recaudaban pagos de extorsión, se gestionaban operaciones ilícitas y se aseguraba la cobertura de las corporaciones de seguridad.
Consecuencias legales y políticas
La UIF informó que revisará los movimientos financieros de la legisladora y de las entidades vinculadas, con el propósito de determinar si existen operaciones con recursos de procedencia ilícita. En caso de confirmarse, se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR).
En Estados Unidos, la sanción implica la congelación de cualquier activo bajo jurisdicción de ese país y la prohibición para que ciudadanos estadounidenses o instituciones financieras establezcan negocios con la diputada.
Reacción de Brown
A través de sus redes sociales, la diputada rechazó categóricamente los señalamientos. Sostuvo que se trata de una campaña para desacreditarla y negó que sus cuentas hayan sido congeladas en México. Incluso afirmó haber estado el fin de semana en un hospital de San Diego, lo que, dijo, evidencia que no tiene restricciones en ese país.
“Seguramente como consecuencia de mi lucha contra la corrupción soy objeto de esta infamia”, expresó la legisladora.
