El gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos suspender un fallo que limita las deportaciones de migrantes hacia países distintos al suyo sin una oportunidad previa para alegar posibles riesgos de persecución o tortura.
La solicitud, presentada el jueves 24 de septiembre, busca que la administración pueda retomar las expulsiones rápidas mientras continúa el litigio sobre esta política migratoria. El caso llegó nuevamente al máximo tribunal después de que el juez federal Brian Murphy, en Boston, y posteriormente el Primer Circuito establecieran que los migrantes deben recibir aviso y una oportunidad real para plantear objeciones relacionadas con su seguridad.
El gobierno argumenta que enviar a migrantes a terceros países es una herramienta necesaria para expulsar a personas cuyos países de origen no los reciben, incluidos extranjeros con antecedentes criminales. Según la administración, la aplicación de la resolución judicial ya provocó la cancelación de un vuelo con unas 70 personas y obligó a reducir el número de pasajeros en otros vuelos.
La disputa también involucra las obligaciones de Estados Unidos bajo la Convención contra la Tortura, que impide enviar a una persona a un país donde exista riesgo de sufrir tortura.
La jueza Ketanji Brown Jackson, encargada de atender temporalmente solicitudes de emergencia del circuito correspondiente, pidió a los demandantes responder a la petición del gobierno para el lunes, sin ordenar por ahora la suspensión inmediata del fallo.
La Corte Suprema deberá decidir si permite que continúen las expulsiones bajo el esquema cuestionado mientras se resuelve el fondo del caso.
