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octubre 29, 2025
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Tras muerte de anexo, desplegaran revisión en 246 centros de rehabilitación del estado

El deceso de un joven de 32 años dentro del centro Verdad y Vida reveló deficiencias estructurales y operativas en los espacios de rehabilitación de la entidad. A partir de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública desplegará operativos de inspección en los 246 anexos registrados en Puebla, en coordinación con las secretarías de Salud y Gobernación.
La muerte de un hombre dentro de un centro de rehabilitación en Puebla encendió las alarmas del gobierno estatal, toda vez que a partir de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegará operativos de supervisión en los 246 anexos registrados en la entidad, luego de que el caso de Edwin, de 32 años, reveló las condiciones irregulares y la falta de control en este tipo de establecimientos.
El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la SSP, confirmó que los operativos comenzarán a más tardar el 15 de noviembre, en coordinación con las secretarías de Salud y Gobernación, a fin de verificar permisos y el cumplimiento de normativas para operar.
La decisión surge tras el deceso de Edwin dentro del anexo Verdad y Vida, ubicado sobre la Diagonal Defensores de la República, en la colonia Lázaro Cárdenas, donde el hombre había sido internado apenas cuatro días antes, presuntamente en estado de ebriedad.
De acuerdo con la necropsia, murió por traumatismo craneoencefálico y lesión visceral, lo que contradice la versión inicial de los encargados del lugar, quienes aseguraron que “se sintió mal y dejó de respirar”.
Familiares denunciaron que Edwin fue golpeado dentro del centro, exigieron justicia y pidieron que las autoridades no permitan impunidad, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar si se trató de un homicidio o de un caso de negligencia.
Durante la intervención de las autoridades, los paramédicos no pudieron ingresar al inmueble debido a que los familiares del fallecido exigieron la presencia de agentes ministeriales. Más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo.
El titular de la SSP informó que las inspecciones a anexos se habían interrumpido en los últimos meses por labores de apoyo en la Sierra Norte, pero serán reactivadas con una estructura de cuatro equipos operativos que recorrerán las diferentes regiones del estado y el plan de trabajo será presentado los primeros días de noviembre.
Las supervisiones buscarán detectar malos tratos, sobrecupo, prácticas de encierro forzado, consumo de sustancias y carencias sanitarias, problemas que han sido denunciados en repetidas ocasiones por familiares de internos.
Es de señalar que los centros de rehabilitación para personas con adicciones en Puebla podrían verse obligados a mejorar sus instalaciones si prospera la propuesta impulsada por la diputada de Morena, Guadalupe Yamak.
La iniciativa fue presentada en junio y busca que estos espacios cuenten con áreas abiertas, consultorios médicos y condiciones dignas de alojamiento, al considerar que actualmente muchos operan sin supervisión ni normas claras sobre infraestructura o trato a los internos.
Durante la sesión ordinaria del Congreso local del 26 de junio, Yamak presentó una reforma a la Ley Estatal de Salud para adicionar el artículo 185 Bis, con el propósito de establecer lineamientos específicos para los centros de atención residencial.
La legisladora argumentó que, ante la falta de regulación, miles de personas en proceso de rehabilitación viven en condiciones precarias, confinadas en espacios cerrados, sin ventilación, y en algunos casos, víctimas de violencia física o psicológica.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal, el consumo de drogas en Puebla aumentó entre un 10 y 15 por ciento en los últimos años, mientras que solo uno de los 26 anexos privados registrados cumple con los estándares federales y cuenta con certificación oficial.
La propuesta plantea que los anexos dispongan de instalaciones adecuadas, como dormitorios ventilados con luz natural, servicios sanitarios suficientes, cocina equipada, comedor higiénico, sala de terapias individuales y grupales, así como espacios al aire libre para actividades físicas.
También se contempla que cada centro cuente con un consultorio médico y que realice las adaptaciones necesarias para personas con discapacidad, además de mantener en regla su aviso sanitario ante la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.

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